Vergonzosa negligencia o complicidad de la Corte con el “rey de los chicaneros” – Editorial

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El 4 de marzo de 2013, el entonces diputado Víctor Bogado logró que Itaipú Binacional contrate a Gabriela Quintana, funcionaria de la Cámara Baja y niñera de sus hijos, conocida luego como la “niñera de oro”. El 25 de octubre, el Ministerio Público imputó al legislador como autor del delito de estafa y cómplice en el de cobro indebido de honorarios; y a la segunda, como autora de este último hecho punible y cómplice en el de estafa. Durante seis años, ambos recurrieron a variadas artimañas o chicanas para trabar las actuaciones fiscales y judiciales. El 15 de octubre de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la ínfima pena de un año de cárcel para Bogado, y de un año y medio para Quintana. La ejecución de estas condenas quedó sometida a prueba: hasta 2021, el exlegislador debía donar un total de 480 millones de guaraníes a diversas entidades, pero el caradura planteó una temeraria acción de inconstitucionalidad contra un fallo que ya estaba firme. Y bien, este es el día en que la acción promovida aún no ha sido resuelta, y Bogado no se ha desprendido de un solo guaraní. De semejante agravio al más elemental sentido de justicia, será responsable la máxima autoridad judicial.

28 de octubre de 2020 – 01:00

El 4 de marzo de 2013, el entonces diputado Víctor Bogado logró, bajo engaño, que Itaipú Binacional contrate a Gabriela Quintana, funcionaria de la Cámara Baja y niñera de sus hijos, conocida luego como la “niñera de oro”. El 25 de octubre, el Ministerio Público imputó al legislador como autor del delito de estafa y cómplice en el de cobro indebido de honorarios; y a la segunda, como autora de este último hecho punible y cómplice en el de estafa. Durante seis años, ambos exhibieron una notable mala fe procesal, recurriendo a variadas artimañas o chicanas para trabar las actuaciones fiscales y judiciales. El 15 de octubre de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la ínfima pena de un año de cárcel para Bogado por su complicidad en el cobro indebido de honorarios, y de un año y medio para Quintana, como autora del mismo. La ejecución de estas condenas quedó sometida a prueba: hasta 2021, el exlegislador debía donar un total de 480 millones de guaraníes a diversas entidades.

Se diría que todo debió haber terminado allí, pero el 29 de octubre de 2019, el caradura planteó una temeraria acción de inconstitucionalidad contra un fallo que ya estaba firme. Y bien, este es el día en que la acción promovida aún no ha sido resuelta. Lo que correspondía en el caso, en consecuencia, es su rechazo de entrada –”in límine”– por su evidente ilegalidad. Resulta así que Bogado no se ha desprendido hasta el momento de un solo guaraní. De semejante agravio al más elemental sentido de justicia, será responsable la máxima autoridad judicial. Tan aberrante situación ha de responder a algún oculto motivo: o a que el “rey de los chicaneros” mantiene intacto su poder basado en una enorme fortuna, o a que tiene un “padrino” más poderoso aún que lo apalanca, o a que busca volver a ocupar su banca senatorial para potenciar a cierto grupo político. De lo que sí se puede estar seguro es que en la máxima institución judicial tenemos a magistrados cobardes o venales.

La Sala Constitucional aún no ha sido totalmente integrada para ocuparse del escandaloso asunto, pues le falta un tercer miembro que se sume a los ministros Alberto Martínez Simón y César Diesel. Sus miembros “natos” Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes están impedidos porque ya opinaron en el mismo caso en otros incidentes. Lo mismo cabe decir de los otros integrantes de la Corte, salvo Eugenio Jiménez Rolón, que podría excusarse o ser recusado por el contumaz chicanero, con el fin de que se demore aún más una decisión que no ofrece la menor dificultad. ¿Por qué tarda tanto la Corte en poner fin a este caso tan relevante desde el punto de vista institucional? De hecho, al pagar el sueldo de la niñera con fondos públicos, Bogado perjudicó tanto a la Cámara de Diputados como a Itaipú Binacional, como si pudiera disponer del dinero de todos. Que al impune abuso de su derecho a la defensa se agregue la indolencia de la cabeza del Poder Judicial hace temer una confabulación política que podría extenderse a la cuestión de la pérdida de su investidura senatorial, también atacada de inconstitucional por el personaje de marras.

Si la exigua condena está firme, como lo está, mal podría admitirse su pretensión de volver a ensuciar una banca, de modo que urge una pronta resolución de esta cuestión en la que Bogado se ha venido burlando de la ciudadanía, una y otra vez. Amenaza, incluso, con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si tuviera un buen nombre que defender o como si su fortuna labrada en la función pública pudiera ser gravemente afectada por las donaciones impuestas. Su “exniñera de oro”, en cambio, ya devolvió a Itaipú Binacional algo más de 106 millones de guaraníes y se puso al día con sus donativos forzados a la Cruz Roja Paraguaya. En cambio, él siguió entorpeciendo el proceso como si tratara de convencer a la ciudadanía de que su persistencia solo obedece a que es inocente.

En adelante, cada día que pase sin que la Corte se pronuncie, solo podrá atribuirse, como decimos, a una sospechosa negligencia o a la complicidad del máximo organismo judicial. Ya ha pasado un año desde que se planteó la descabellada acción de inconstitucionalidad contra el fallo de su Sala Penal, pero esta es la hora en que aún no ha sido mandada al basurero. Es impensable que no haya ningún magistrado que pueda completar la terna encargada de una tarea tan fácil como la referida. La intolerable morosidad de la Corte implica un insulto a la decencia. Si en verdad creen que el exlegislador fue injustamente condenado, deberían al menos tener el coraje de sostenerlo con un fallo y no con el mero silencio. Hasta podrían decir que este asunto no tiene la menor importancia, pero no hacerse los desentendidos. En pocas palabras, ya es hora de que den explicaciones, porque esta tomadura de pelo a la opinión pública no condice con el mandato constitucional de que los ministros de la Corte gocen de “notoria honorabilidad”. Es más bien propia de personas indignas, que no conocen lo que se llama decoro, al igual que ese justiciable desvergonzado.

Fuente -> http://www.abc.com.py