Proyecto de ley habilita a realizar política partidaria a diplomáticos

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En la iniciativa parlamentaria presentada el 11 de diciembre último por un grupo de senadores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores, suprime concretamente el inciso K del artículo 34 de la referida ley que prohíbe taxativamente a los funcionarios del servicio diplomático y consular “ejercer actividad de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”. Según informaron en la Comisión, este punto es un pedido concreto del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), cuyos asociados consideran que les cercenan sus derechos a realizar actividades político-partidarias, fuera del horario de sus actividades oficiales, “como cualquier ciudadano que goza de sus derechos civiles”. La prohibición es para blindar la carrera de los vaivenes políticos y que se utilicen los recursos del Estado para favorecer al partido político en el poder de turno. Esta modificación, entre otras, ha generado un intenso debate interno y ha dividido al funcionariado del MRE, entre los que se hallan en el escalafón diplomático y consular o en el escalafón administrativo, y quienes no pertenecen a ninguno de estos sistemas de categorización. Al eliminar este inciso de la lista de los deberes, prohibiciones y derechos establecidos para los funcionarios diplomáticos y consulares, se los habilita a la actividad política partidaria. Esta modificación “sería sumamente grave”, resalta un documento de réplica elaborado por un grupo de jóvenes diplomáticos que analiza punto por punto la propuesta. Concretamente, porque suprimiría la necesaria profesionalización de la diplomacia paraguaya, reintroduciendo prácticas desfasadas con las necesidades del servicio exterior, como la politización de la Cancillería y el clientelismo político. “Además, la modificación se encontraría en completa contradicción con el artículo 30 de la misma ley 1335 que, en otras palabras, define al funcionario diplomático como un funcionario de Estado, es decir, trasciende los distintos gobiernos”. La política Exterior, resalta el análisis, es una política de Estado y, por lo tanto, es imprescindible que exista un servicio diplomático y consular que sea el que administre esas políticas en el tiempo, independientemente de los Gobiernos que se van sucediendo. El proyecto de ley plantea modificar 9 artículos claves de la Ley 1335/99. Entre los cambios que plantea figuran que en el servicio consular, reservado exclusivamente para diplomáticos escalafonados, el Ejecutivo pueda designar personas ajenas a la carrera diplomática; e incorporar “por única vez” al escalafón diplomático a todos los funcionarios permanentes nombrados hasta el 31 de diciembre de 1999.

Fuente -> http://www.ultimahora.com