Piqueteros chantajistas – Editorial – ABC Color

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Como todos los años, organizaciones “campesinas” lideradas por dueños de costosos vehículos lograrán su cometido de arrancar dinero público a los poderes del Estado, violando la ley y los derechos de terceros. En 2019 exigieron diez millones de dólares y la condonación de deudas, alegando la grave situación económica de 51.000 familias de agricultores. Esta vez invocaron a 55.000 afectadas por el coronavirus, la sequía y otros factores climáticos para quedarse con parte de 25 millones de dólares del MOPC, previstos para la infraestructura vial y financiados con la emisión de bonos, a ser reasignados al MAG a favor de “programas de asistencia a pequeños productores de la agricultura familiar”. Una vez más, la ciudadanía ha sido tomada de rehén. La casta política está siempre lista para dar el gusto a unos expertos en el arte de desangrar el erario.

16 de noviembre de 2020 – 01:00

Como todos los años, organizaciones “campesinas” lideradas por dueños de costosos vehículos lograrán su cometido de arrancar dinero público a los poderes del Estado, violando la ley y los derechos de terceros. En 2019 exigieron diez millones de dólares y la condonación de deudas, alegando la grave situación económica de 51.000 familias de agricultores. Esta vez invocaron a 55.000 afectadas por el coronavirus, la sequía y otros factores climáticos para quedarse con parte de 25 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, previstos para la infraestructura vial y financiados con la emisión de bonos, a ser reasignados al de Agricultura y Ganadería (MAG) a favor de “programas de asistencia a pequeños productores de la agricultura familiar”.

Se harán transferencias directas a grupos campesinos, luego de que los proyectos que presenten sean aprobados por el MAG y en la medida en que supuestamente vayan rindiendo cuentas. O sea que la ingenua ciudadanía puede quedarse tranquila, dado que los fondos no serían derrochados ni llegarían a los bolsillos de quienes no se dedican a sembrar. Además, a estas alturas ya sabe que, como la Carta Magna garantiza la igualdad ante las leyes, cualquiera que desee obtener una tajada del Presupuesto puede ir a cerrar calles y ocupar plazas durante un par de días. Solo sería cuestión de que los tamberos, los artesanos, los comerciantes o los desempleados se organicen para reclamar el dinero de todos, burlándose de paso de la Ley Nº 1066/97, “del marchódromo”. Esta ley establece horarios y requisitos para manifestaciones públicas de Asunción, en tanto que la Ley N° 5016/14 dispone que las marchas sean autorizadas por la autoridad competente, siempre que se pueda mantener el tránsito normal y se garanticen las medidas de seguridad para personas y bienes. Quienes se manifestaron en los últimos días en la capital violaron dichas normativas, causando perjuicios a comerciantes e ingentes pérdidas de tiempo a quienes deben concurrir a sus lugares de trabajo. Por supuesto, ninguno de los supuestos líderes campesinos “se responsabilizará personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o a la infraestructura vial, que pudieran surgir de la realización de un acto que implique riesgos”, tal como fija la ley. Por el contrario, las reparaciones de los lugares afectados suelen hacerse con dinero de los asuncenos.

Una vez más, la ciudadanía ha sido tomada de rehén. Las autoridades deben cumplir y hacer cumplir las disposiciones en vigor, pero la Policía Nacional prefiere cruzarse de brazos, en tanto que los poderes Ejecutivo y Legislativo se apresuran a satisfacer las demandas de unos agitadores, nada indigentes, que no representan a la enorme mayoría de la población, aunque se hayan presentado bajo los impresionantes nombres de Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y Articulación Campesina, Indígena y Popular.

El Presidente de la República y los congresistas quieren sacárselos de encima cuanto antes, aunque ello conlleve alterar las políticas públicas ya establecidas. Si han adquirido el hábito de bajarse los pantalones ante la extorsión, en perjuicio del bien común, la ciudadanía puede tener la certeza de que el próximo año se repetirá esta indignante historia, por el motivo que fuere, pese a la triste experiencia hecha pública más de una vez de que los enormes “tocos” de dinero que consiguieron no fueron a parar a los proyectos asignados para el efecto, sino a los bolsillos de ciertos “dirigentes” campesinos. Los pedigüeños no tardaron mucho esta vez en conseguir su propósito, tal vez debido a que los dirigentes colorados no habrán querido que estas molestas manifestaciones empañen su cuestionada convención partidaria.

La casta política está siempre lista para dar el gusto a unos expertos en el arte de desangrar el erario, aunque ello suponga que ciertos intereses particulares primen sobre el de la nación. Desde luego, no serán las 55.000 familias las favorecidas por la graciosa concesión de fondos públicos, ya que los antecedentes sugieren, de entrada, que se intentará defraudar al fisco: en 2017, por ejemplo, la codiciosa CNI presentó una lista de 61.928 posibles beneficiarios del dispendio, cifra que luego se redujo a 43.323 porque figuraban nombres repetidos y personas que ya recibían subsidios o tenían antecedentes judiciales y penales. Muchos sinvergüenzas intentaron superar el filtro y muchos lo habrán logrado, pero no se sabe que hayan sido imputados por la Fiscalía por haber cometido o intentado cometer el delito de adquisición fraudulenta de subvenciones, previsto en el Código Penal. Es decir, nada se pierde con probar. En cuanto a eso de presentar proyectos y rendir cuentas, parece más bien un chiste de pésimo gusto, si lo que importa es calmar las aguas agitadas por los coordinadores y articuladores.

Se trata de una historia de nunca acabar que refleja el populismo y la cobardía moral de quienes fueron elegidos para atender el interés general. Como los contribuyentes no están organizados, les resulta muy cómodo ceder miserablemente ante las descaradas demandas de unos embusteros profesionales, que también ignoran que el derecho propio termina donde empieza el ajeno. Duele decirlo, pero en 2021 volveremos a ocuparnos de este irritante asunto si los que mandan siguen siendo tan timoratos y complacientes como hasta hoy.

Fuente -> http://www.abc.com.py