Insolventes | , Benigno López

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La palabra tiene una connotación de sospecha, de fracaso y de dudas. El insolvente es aquel que no puede honrar su deuda y, por lo tanto, no tiene derecho a recibir otro crédito. Es uno que perdió la confianza de todos. Es aquel que prometió pagar algo que posteriormente no colocó entre sus prioridades honrarlo. No es al préstamo ni al prestatario, es así mismo. Por eso, el insolvente es alguien con quien no se puede confiar desandar el camino común del desarrollo. En nuestro país uno de los sectores claves de ese tránsito es el de los maestros, donde una tercera parte de ellos no puede honrar sus compromisos. Son tan insolventes que se tuvo que sacar una ley que los proteja al menos para cobrar una parte de sus salarios y no quedar en la indigencia. Otro porcentaje grande está en la misma condición en el funcionariado, donde o por las mismas razones o los juicios de prestación de alimentos un buen número de ellos afirma que con lo que le queda del salario “no puede ser honesto” porque su irresponsabilidad lo fuerza mensualmente a ser corrupto. La insolvencia no es solo un factor económico o material; es, por sobre todo, ético o moral y, por consiguiente, acaba en pobreza y corrupción. Los insolventes fueron sujetos de un debate ríspido la semana pasada que acabó con el aborto de un proyecto de ley de 500 páginas y más de 300 artículos que los senadores aprobaron en menos de media hora. Los diputados, alertados por el griterío vociferante de la calle, lo rechazaron y los de la Cámara Alta tuvieron que convocar a una extraordinaria para tirarlo definitivamente al tacho de basura. El Ejecutivo, con su ex ministro Benigno López, afirmó sin embargo que era un buen proyecto para finalmente reconocer que su comunicación era pésima porque el proyecto de ley era de la administración Cartes y no de ellos. Tremenda ingenuidad del secretario de Abdo. El equipo económico del anterior Gobierno es el mismo que conduce hasta ahora la nave económica del país y el planteo de la norma tuvo el beneplácito de este Gobierno que apoyó su aprobación. No ha sido un problema de comunicación claramente. Es un tema de insolvencia y de credibilidad. La misma que acabó con Durand en el Ministerio de la Vivienda. Nadie en su sano juicio podría creer que con los antecedentes en el prontuario del ex ministro pudiera hacer una administración honesta. Como con casos anteriores, WhatsApp… hizo Justicia. La insolvencia de la administración de justicia es enorme. Los jueces y fiscales están entregados a una realidad decadente con la que departen en alegre camaradería. Creen contentar a los mandantes con prisiones domiciliarias y alguna corta estadía en una cárcel vip. Otro corrupto hará olvidar al anterior y la rueda continuará en lo mismo. La sociedad paraguaya se ha vuelto notablemente complaciente con estos ejemplos decadentes. No condena a los insolventes morales ni se los cobra en los comicios las deudas éticas. El no poder honrar los compromisos es frecuente en los contratos de todo tipo al punto que los tribunales no dan abasto, a pesar de cobrar buenos honorarios para despachar los múltiples casos que llegan hasta esas instancias. El Paraguay está en insolvencia desde hace un buen tiempo y lo que emerge todos los días no es más que la borra de una laguna putrefacta y fétida a la que le hemos dado carta de ciudadanía. “Che mboriahu, pero che delicado” (soy pobre pero digno) de los tiempos pasados debe ser rescatado como valor social si no queremos acabar todos en las miasmas de la corrupción.

Fuente -> http://www.ultimahora.com