Ante la inseguridad falta política sostenida y no dar palos de ciego

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En las últimas semanas se han registrado numerosos casos de robos y asaltos violentos en zonas de la capital y el área metropolitana, como en otras ciudades del país, principalmente cometidos por asaltantes que se movilizan en motocicletas, popularmente conocidos como motochorros. La grabación de varios de esos atracos por cámaras de vigilancia y la reiterada difusión de las imágenes a través de los medios de comunicación y las redes sociales en internet han creado una fuerte conmoción en la ciudadanía, con la percepción de que sentarse a comer en un lugar público o transitar por las calles se ha vuelto una cuestión altamente peligrosa.Ante esta situación, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tras mantener una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la mañana del martes ha emplazado públicamente a los miembros de la Policía Nacional a que, en el perentorio plazo de una semana, deben producir resultados de reducir sensiblemente la ola de robos y asaltos en las calles, bajo la amenaza de que, en caso contrario, “se tomarán las medidas necesarias”.El emplazamiento dado por el ministro generó sin embargo diversas críticas y hasta burlas en sectores de la ciudadanía, por su casi imposible aplicación, ya que resulta difícil que las fuerzas de seguridad puedan modificar una situación tan compleja en apenas una semana. Por el contrario, la actitud asumida por Villamayor revela que el Gobierno no tiene una política sostenida para hacer frente a la inseguridad, sino que ante la presión ciudadana se procede a dar palos de ciego, tal como calificó este diario en su principal titular de portada, en la edición de ayer. La proliferación de hechos de violencia criminal en las calles se produce en un momento de sentida retracción económica, pero también tras una grave crisis política en la que el actual Gobierno ha demostrado su mayor debilidad, pero también es parte de una situación más estructural de falta de política de seguridad que se arrastra desde gobiernos anteriores, a la que hasta ahora no se ha sabido dar respuestas adecuadas.Tal como lo señala el último informe anual que elabora la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la respuesta estatal a la inseguridad ciudadana sigue siendo principalmente el encierro de las personas sorprendidas en hechos punibles o consideradas bajo sospecha, sobrepoblando las cárceles sin un efectivo procesamiento jurídico, además de buscar endurecer las penas carcelarias y acudir a la militarización. Es decir, se atacan las consecuencias de la inseguridad, pero no se pone el foco en las causas estructurales en términos sociales, políticos y económicos que inciden en la exclusión social, generando un tipo de criminalidad en las calles. Se deben retomar además experiencias de trabajo con vecinos en sistemas de alerta en barrios y áreas urbanas, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil en esquemas preventivos, como parte de un plan de seguridad con un enfoque de respeto a los derechos e inclusión. Se hace necesario abordar la construcción de una seguridad democrática que proteja a todos, dejando de dar palos de ciego ante la presión mediática.

Fuente -> http://www.ultimahora.com