Pornografía judicial

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Puede que la versión se haya lanzado con la única intención de desestimular los encuentros furtivos. Si fue así es difícil dimensionar su impacto. No hay registros oficiales sobre el ejercicio de la infidelidad y sus cultores se resisten a confesarla, incluso bajo tortura. Lo único cierto es que el supuesto integró por un tiempo el pintoresco catálogo de leyendas urbanas. Quiero hacer uso de esta fantasía moderna para explicar mi punto de vista sobre ciertas escenas muy subidas de tono que se exhibieron recientemente en televisión abierta, y que tuvieron como protagonista a cierta deidad griega de dudosa reputación. No me ocuparía del caso si no estuviéramos todos involucrados involuntariamente en el escándalo. Supongamos que efectivamente han colocado cámaras en estos albergues de alta rotación, y que varios impenitentes han sido grabados en sus vergonzosas acometidas. Imaginemos ahora que algunas de esas grabaciones llegasen a manos de un medio de prensa. Si el hecho inmortalizado en imágenes solo diera cuenta de una cópula furtiva, el material no tendría el menor valor público y su exhibición representaría una doble violación de la intimidad de los amantes de ocasión. Tanto quien los grabó como quien diera a publicidad la grabación atentarían contra clarísimos preceptos constitucionales. Pero, si en la filmación ilícita quedara registrada la comisión de un crimen, la situación cambiaría radicalmente. ¿Si esas cámaras subrepticias capturaran el momento de un asesinato, su valor público estaría por sobre el derecho a la intimidad de los involucrados? Definitivamente, sí. Como periodista no tengo la menor duda. Siempre que tenga las pruebas para sostener una publicación, el periodismo tiene la obligación de hacer público todo lo que afecte el interés público. Esto es exactamente lo que pasó con varias conversaciones entre quien fuera presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ex senador Óscar González Daher; el entonces secretario de la institución, Raúl Fernández Lippmann, y el abogado Carmelo Caballero con fiscales y jueces responsables de diferentes casos. Esas charlas grabadas ilegalmente revelan la forma como estas personas utilizaban su influencia para torcer fallos judiciales mediante la extorsión o el chantaje. Es pornografía pura y dura, una prueba irrefutable de cómo la Justicia es abusada desde los organismos de control integrados por miembros de la clase política y sus cómplices. Desde el diario ABC, la colega Mabel Rehnfeldt recibió las grabaciones y completó las historias revisando cada uno de los expedientes. Lo que finalmente sacó a la luz no deja lugar a dudas sobre la existencia de una asociación de personas que utilizaron sus vínculos e influencia para manipular a un poder del Estado para su propio beneficio. Los hechos son incontrovertibles. Todo aquel que haya escuchado esas grabaciones y leído las publicaciones sabe lo que ocurrió. La mayoría no somos expertos en Derecho, solo entendemos que la ley no puede alterar la realidad, debe necesariamente basarse en ella. Y la realidad es que todos sabemos que esas personas delinquieron. Si hoy pueden volver a sus casas pagando una multa o con unas penas insignificantes y en suspenso, es sencillamente porque estamos ante la segunda parte de la misma película condicionada. Me sorprende el grupo de abogados y políticos que pretenden hacernos creer que el resultado es consecuencia del origen ilícito de las cintas. Como si lo que revelaron estas fuera un simple desliz extramarital. La verdad es que este caso hizo carne el mito de las cámaras en el motel, solo que ocurrió en un juicio público, donde sodomizaron a la Justicia y lo registraron con cámaras de televisión y lo transmitieron en vivo, para que no nos queden dudas de que la ley es letra muerta.

Fuente -> http://www.ultimahora.com