Poner fin a la canilla libre salarial – Editorial

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Los diputados volverán a ocuparse hoy de un proyecto de ley sobre racionalización del gasto público, que ya ha tenido un largo recorrido. La iniciativa del senador Sergio Godoy (ANR), entre otros, fue aprobada por sus colegas y modificada por la Cámara Baja. Luego, el Senado ratificó su decisión, que prevalecerá salvo que al menos 41 diputados hagan lo mismo con respecto a su versión atenuada. Es probable que la ley sancionada sea muy tolerante con ciertas erogaciones excesivas. Una de ellas consiste en que, por absurdo que parezca, en la función pública hay quienes tienen un ingreso mensual superior al del Jefe del Poder Ejecutivo (37.908.000 guaraníes mensuales). Los diputados dispusieron que para el cálculo de dicho tope no se consideren las remuneraciones adicionales, de modo que aunque su salario sea inferior al cobrado por el Presidente de la República, un “servidor público” podría tener mayores ingresos gracias a, entre otras cosas, los gastos de representación, las gratificaciones, los subsidios familiares, las bonificaciones por responsabilidad en el cargo o hasta la participación en las multas aplicadas en cumplimiento del deber. Que los diputados hayan preferido mantenerla dice mucho sobre su interés en satisfacer las apetencias de una parte de la clientela política. Más grave aún que el ardid de eludir el techo salarial excluyendo de la estimación las remuneraciones suplementarias, fue exceptuar a los funcionarios de las entidades binacionales, con la excusa de los respectivos tratados.

23 de septiembre de 2020 – 01:00

Los diputados volverán a ocuparse hoy de un proyecto de ley sobre racionalización del gasto público, que ya ha tenido un largo recorrido. La iniciativa del senador Sergio Godoy (ANR), entre otros, fue aprobada por sus colegas y modificada por la Cámara Baja. Luego, el Senado ratificó su decisión, que prevalecerá salvo que al menos 41 diputados hagan lo mismo con respecto a su versión atenuada. Fue lo que sugirió su Comisión de Asuntos Constitucionales, de modo que es probable que la ley sancionada sea muy tolerante con ciertas erogaciones excesivas o superfluas.

Una de ellas consiste en que, por absurdo que parezca, en la función pública hay quienes tienen un ingreso mensual superior al del jefe del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley original prohíbe que allí nadie gane más que quien se encarga de la administración general del país, o sea, 37.908.000 guaraníes mensuales, en concepto de sueldo –33.000.000– y de gastos de representación –4.908.000–, según el Presupuesto vigente. Los diputados atacaron esta sensata propuesta en dos sentidos. Primero, dispusieron que para el cálculo de dicho tope no se consideren las remuneraciones adicionales, de modo que aunque su salario sea inferior al cobrado por el Presidente de la República, un “servidor público” podría tener mayores ingresos gracias a, entre otras cosas, los gastos de representación, las gratificaciones, los subsidios familiares, las bonificaciones por responsabilidad en el cargo o hasta la participación en las multas aplicadas en cumplimiento del deber.

Esta irracional fuente de ingresos particulares, de la que se benefician funcionarios aduaneros y de la Subsecretaría de Estado de Tributación, fue expresamente vedada en la iniciativa que aprobó el Senado. Que los diputados hayan preferido mantenerla dice mucho sobre su interés en satisfacer las apetencias de una parte de la clientela política, so pretexto de que esa participación contrarrestaría el soborno que ofrezcan los contrabandistas o los evasores fiscales. Más grave aún que el ardid de eludir el techo salarial excluyendo de la estimación las remuneraciones suplementarias, fue exceptuar a los funcionarios de las entidades binacionales, con la excusa de los respectivos tratados. Y bien, ellos no están al servicio de una entidad extranjera ni están regidos solo por dichos instrumentos jurídicos. Se rigen directamente por la Constitución, cuando les ordena presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, e indirectamente por la ley que obliga a sus “empleadores” a revelar los sueldos que perciben. La ciudadanía sabe ahora que sus montos son exorbitantes, tanto que en algunos casos llegan hasta a quintuplicar el ingreso mensual del Jefe de Estado.

Como es obvio, los tratados mal podrían establecer esas cuantías. Lo que sí dispone, por ejemplo, el Protocolo sobre Relaciones de Trabajo y Seguridad Social, referido a los trabajadores contratados por la Itaipú, es que “será observado el principio del salario igual para trabajo de igual naturaleza, eficacia y duración, sin distinción de nacionalidad…”. De hecho, esta norma viola el mencionado principio en la medida en que ignora que los países signatarios no tienen el mismo costo de vida, de modo que nuestros compatriotas estarían ganando hoy mucho más que sus colegas brasileños, en términos reales.

Aquí importa destacar, sobre todo, que también quebranta el principio de igualdad con relación a los funcionarios de nuestra administración pública. En efecto, el art. 102 de la Constitución dice que ellos “gozan de los derechos establecidos (…) en la sección de derechos laborales”, donde el art. 92 dice que “corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo”. Bien se sabe que las remuneraciones de quienes prestan servicios en las entidades binacionales superan largamente las de quienes realizan una labor equivalente en el aparato estatal. Una interpretación sistemática de la Carta Magna exige incluir a los empleados de Itaipú y Yacyretá entre los comprendidos en el art. 102, tal como se hace al incluirlos en la prohibición de que los funcionarios perciban más de un sueldo a la vez, salvo los que provengan del ejercicio de la docencia. En otros términos, como sería de cumplimiento imposible que el principio de “igual salario por igual trabajo” conlleve equiparar elevar el nivel salarial del funcionariado común hasta el de los privilegiados de las entidades binacionales, se ajusta a Derecho que el tope previsto en el proyecto de ley también valga para ellos. Desde luego, en virtud de su art. 137, la Constitución prevalece sobre los tratados, convenios y acuerdos internacionales, es decir, también sobre un protocolo como el antes citado.

Es plausible que, según la versión de la Cámara Baja, la prohibición de contratar un seguro médico privado no vaya a afectar solo a la máxima autoridad de un órgano colegiado, sino también a sus miembros, pero ella demuestra, en general, que la mayoría de los diputados no ha demostrado hasta ahora mucho entusiasmo en los que a la racionalización del gasto público respecta. Confiamos en que hoy se impongan la moral y la sensatez y que, por tanto, no haya votos suficientes para desvirtuar lo resuelto por la Cámara Alta.

Fuente -> http://www.abc.com.py