Políticos de Misiones temen corte del chorro en gastos de Yacyretá – Nacionales

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El gobernador y numerosos intendentes del departamento de Misiones expresaron su rechazo a la ley sancionada que pretende cortar “la caja chica” de los gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá, que suman US$ 100 millones.

05 de diciembre de 2020 – 01:00

Por ello, exigen que la Cámara de Diputados acepte el veto del Poder Ejecutivo a la referida ley que incorpora los fondos de las binacionales al Presupuesto General de la Nación (PGN).

El gobernador Carlos Arrechea (ANR) e intendentes de la zona calificaron al proyecto de inconstitucional y sostienen que incluso viola tratados internacionales.

Afirman que dichos fondos “generalmente con una buena gestión” resultan de gran utilidad exclusivamente para Misiones y temen que este dinero se invierta en otras zonas del país.

Tímidamente, reconocen que, sin la plata de Yacyretá, perderán su manejo en el asistencialismo y admiten la falta de presencia estatal con las carteras de Salud, Educación y Obras entre otros.

En el texto, omiten mencionar que dichos fondos se reparten según la discresionalidad del gobierno de turno, el partido político e incluso los intereses de los titulares de las binacionales.

Sin embargo, recalcan que actualmente Yacyretá se encarga de dar becas universitarias a 1.500 jóvenes de Misiones, asistencia a pequeños productores en 13.000 familias e incluso de traer al departamento “las primeras camas” de terapia intensiva para niños y adultos.

Igualmente, resaltan las ambulancias recibidas; la construcción de viviendas sociales para afectados por el embalse y otros sectores así como el equipamiento de escuelas y universidades.

También mencionaron la asistencia alimentaria e inversión a gremios como oleros, artesanos, pescadores y emprendedores.

El proyecto de ley, que incorpora los gastos sociales de las binacionales al PGN, fue sancionado gracias a la ratificación del Senado en dos vueltas. Diputados rechazaron el proyecto pero no pudieron reunir los votos necesarios para impedir la sanción. Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó la propuesta y la calificó de inconstitucional. El Senado rechazó el veto y la Cámara Baja analizará la objeción en 2021.

Fuente -> http://www.abc.com.py