Pesquisa a Rivas está paralizada hace cinco meses porque aún goza de fueros

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La investigación fiscal al diputado Tomás Éver Rivas, imputado por cuatro delitos, está estancada desde hace cinco meses debido a que el legislador nunca fue despojado de sus fueros parlamentarios.

A raíz de esto, la pesquisa llevada adelante actualmente por la fiscala anticorrupción Yolanda Portillo, solo se enfoca en los tres otros imputados en la causa: los caseros del diputado Rivas.

El desafuero del legislador colorado de Paraguarí aún no fue tratado por la Cámara de Diputados, debido a que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó que primero debe resolverse una apelación planteada por Rivas en contra del pedido de desafuero que hizo el juez Rubén Riquelme.

Debido a la recusación de dos camaristas por parte de la defensa, el caso subió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde el proceso quedó estancado desde el pasado 28 de junio.

EL CASO. La imputación de la Fiscalía sostiene que Rivas hizo figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado. Se trata de Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.

La Fiscalía imputó a todos ellos un año después de que una investigación periodística de ÚH revelara que el diputado cartista mantenía como funcionarios a su cargo en el Congreso al casero de una quinta familiar en el Departamento de Paraguarí (Romero), un empleado de un comercio familiar en Ybycuí ( Franco) y el casero de su casa en Lambaré (Chaparro).

De acuerdo con datos públicos subidos a la web, entre el 2013 y febrero de 2017, cuando el caso fue publicado por este diario, los tres caseros cobraron más de G. 110 millones de la Cámara Baja, sin haber trabajado para la institución.

La imputación del Ministerio Público se sostiene en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular de los cuatro investigados.

En ese sentido, la imputación menciona que durante 2016 y 2017, Rivas asistió a sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario y que “en ningún momento (Chaparro, Romero y Franco) estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados y tampoco en la zona del Parlamento en Asunción en las fechas de sesiones”.

Si bien los registros telefónicos señalan que en los días de sesiones en los que el legislador estuvo presente no estaban siquiera cerca del Congreso, durante todos esos meses los tres supuestos funcionarios del Congreso firmaron planillas registro de entrada y salida de la Cámara. Todas estas planillas fueron certificadas con la firma del diputado Rivas para justificar el cobro de sus salarios.

A raíz de esto, la fiscala Portillo retiró de la Cámara de Diputados las planillas de asistencias originales. El objetivo de la Fiscalía es realizar una pericia a los documentos para determinar si las firmas de los caseros fueron estampadas con un mismo bolígrafo. La presunción es que las planillas eran llenadas en un solo día.

Hasta tanto el diputado Rivas siga gozando de sus fueros parlamentarios, la fiscala no podrá indagar sobre su participación en la presunta estafa que cometió a la Cámara Baja al hacer contratar a personas que no prestaban servicio alguno a la Cámara y mantenerlas así por varios años.

Desde su imputación, el diputado Rivas no dio ninguna declaración a la prensa. Previamente aseguró que todo se trata de una persecución política en su contra.

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Fuente -> http://www.ultimahora.com