Nueva denuncia contra intendente y jueza de faltas de la comuna de CDE

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La gráfica muestra un momento del desalojo practicado por la autoridad comunal ahora denunciada. Las viviendas fueron destruidas en su totalidad.

Catalina Mallorquín de Ojeda y Gloria Severina Ojeda Mallorquín, bajo patrocinio del abogado Edgar Luis Rojas, presentaron denuncia penal ante la Fiscalía de Ciudad del Este contra el intendente Miguel Prieto Vallejos, la titular de la dirección de catastro, Tatiana Escobar, y la jueza de faltas municipales, Mirian Giménez Vallejos. Les atribuyen hechos punibles tipificados como producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, exacción y estafa, con los que fueron perjudicadas en su patrimonio, ya que luego de 20 años de vivir en su domicilio los denunciados las dejaron en la calle, según el escrito.

Agrega que por resolución número 748/2016 del 26 de diciembre de 2016, la Junta Municipal de Ciudad del Este resolvió “ceder en arrendamiento por el término de dos años a favor de Catalina Mallorquín de Ojeda una fracción de tierra, propiedad municipal, identificada como lote número 001 de la manzana 16, entre los kilómetros 7 y 8 Acaray, fracción Vista del Lago de esta ciudad, con una superficie de 580,00 metros cuadrados, la que en mayor porción, fue inscripta en el Registro General de la Propiedad como finca 551 y fijó el monto que mi parte, cumplió a cabalidad”, según la denuncia.

Presentaron copia del comprobante de pago número 3524004, expedida por la dirección de administración y finanzas, como prueba de la legal ocupación del terreno municipal. Mencionan igualmente la resolución número 391/2.018 J.M. del 14 de agosto de 2018, por la que la Municipalidad de Ciudad del Este cedió en arrendamiento por igual periodo de tiempo a favor de Gloria Severina Ojeda Mallorquín, una fracción de tierra, individualizada como lote 01, manzana 16, ubicada en la fracción Vista del Lago, con superficie de 532 metros cuadrados. Los denunciados, por error, derrumbaron las dos viviendas construidas por las respectivas ocupantes legales, en el marco del programa de recuperación de espacios públicos en las cercanías del Lago Acaray. Piden el allanamiento de dependencias específicas de la comuna e incautar documentos con los que se certifican los pagos de impuestos municipales al día en ambos casos.

En su escrito de cinco fojas, el leguleyo explica a la agencia fiscal que están dados todos los requisitos establecidos en la norma para tipificar los hechos punibles denunciados y, en consecuencia, castigar penalmente a los responsables de tales hechos.

Fuente -> http://www.laclave.com.py