Los detectives de COVID-19: rastreadores y aplicación Radar

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El perfil de los rastreadores

Los epidemiólogos subrayan que los rastreadores deben ser personas cualificadas, pero carecemos de una regulación que especifique su perfil profesional. Esta carencia no es baladí, porque el control de la pandemia requiere despejar varios interrogantes sobre el estatuto de los rastreadores, la naturaleza de la recogida de datos que se les encomienda y la obligación de colaboración de las personas con las que contactan.

La regulación de la salud pública vigente en España no sirve para lograr la mejor organización del sistema de rastreo, al ser parca en su tratamiento de cuestiones elementales: ¿cuál es el alcance del deber de colaboración informativa?, ¿puede alguien oponerse a suministrar los datos de las personas de contacto?, ¿habría consecuencias sancionadoras en estos casos?, ¿podrían exigirse otras responsabilidades por poner en riesgo la salud pública?, ¿qué ocurre si alguien ofrece referencias inexactas?

La Ley General de Sanidad de 1986, la de Salud pública de 2011 y el Real Decreto sobre la Red de Vigilancia epidemiológica de 1995 no son suficientes para despejar todas estas cuestiones.

La obligación de colaborar y comunicar la información sobre la COVID-19 se reguló en una Orden del Ministerio de Sanidad de 11 de mayo de 2020, pensada para la desescalada. El rango de esta norma ha sido compensado por la convalidación del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, en lo relativo a obligaciones de informar, pero aún persisten lagunas normativas.

 

Fuente -> https://www.muyinteresante.es