Investigan a implicados en despojo de inmueble del MOPC – ABC en el Este

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PRESIDENTE FRANCO. La fiscal Analía Rodríguez abrió una carpeta para investigar el despojo de un valioso inmueble perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La entrega ilegal del predio involucra a exintendentes y concejales y sus familiares.

20 de noviembre de 2020 – 19:37

La fiscala Rodríguez solicitó informe a la Municipalidad, bajo gestión Roque Godoy (PLRA, indep.), sobre la adjudicación del inmueble individualizado con Lote 1 A Manzana N° 4-145-B-26-181, de 749 m2, ubicada sobre la transitada avenida Monday y Brasil de Presidente Franco.

Se trata del predio que en 1980 la Comuna franqueña cedió a favor del MOPC y en 1991 se concretó la transferencia de la propiedad. Sin embargo, en 2012 la exintendente interina Blanca Acuña y concejales anularon sin argumento válido la adjudicación y entregaron en arrendamiento el inmueble a Óscar Rodrigo Torres, hijo del presidente de la Junta Roberto Brizuela (PLRA).

El inmueble del MOPC que las autoridades municipales entregaron a familiares de concejales.

El hijo del concejal Brizuela en complicidad con funcionarios de la oficina de Catastro de la Comuna falsearon datos para documentar que Torres residía en el predio, a pesar de que nunca ocupó el sitio. Desde 1998 Avelino Gómez García y su esposa Dionisia Villalba residen en el inmueble.

En 2013, Torres vía contrato privado municipal traspasó el predio a Alcides Guzmán Aquino, sobrino del exconcejal Vicente Gauto (ANR). Ese mismo año la Junta a través de la resolución N° 784/13 adjudicó la finca de forma definitiva a Guzmán Aquino, quien tampoco ocupaba el predio. Mientras que en 2014 mediante la resolución IM N° 1128/2014, el exintendente Alcides Fernández (ANR) autorizó la escrituración definitiva del inmueble a favor de Guzmán Aquino.

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Los exintendentes Acuña y Fernández y los concejales y familiares implicados son investigados por el Ministerio Público en la causa N° 2441/2020 caratulada “Investigación fiscal sobre supuesto hecho punible contra el patrimonio y la prueba documental”.

La causa fue abierta tras la denuncia de los ocupantes del inmueble, la pareja Gómez-Villalba. El matrimonio era hostigado por los concejales y familiares para abandonar el predio.

Fuente -> http://www.abc.com.py