Inician investigación penal contra los funcionarios regionales de Salud Pública

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Parte de los medicamentos, muchos en desuso, que se incautó del parque sanitario. Muestras fueron remitidas al laboratorio forense para su análisis.

Ayer remitieron las evidencias incautadas durante la constitución de la fiscal Estela Mary Ramírez al depósito de medicamentos e insumos médicos de la Décima Región Sanitaria al laboratorio forense del Ministerio Público para los análisis pertinentes. La representación pública confirmó que existe una denuncia formal presentada por la abogada Yolanda Paredes, aunque con carátula a determinar, pero con fuerte tendencia a una tipificación provisoria de lesión de confianza.

Comentó que durante el procedimiento pudieron visualizar alimañas incluso entre los medicamentos e insumos médicos depositados para su entrega a los hospitales y puestos de salud de todo el departamento, constituyendo una situación totalmente irresponsable por parte de las autoridades de Salud Pública. Existen medicamentos vencidos apilados hasta en el patio del tinglado que no cuenta con las mínimas condiciones para el depósito de los insumos sanitarios, muchos de los cuales habrían perdido la eficacia.

Unos 3.500 respiradores en desuso, cuya inutilización se solicitó al entonces director de la Región Sanitaria, Miqueias Abreu, por parte de la responsable del local, pero sin recibir la orden de trabajo para su eliminación, seguían en el sitio y eran cuevas de ratas y cucarachas, dijo la fiscal del caso. La química Edita Irrazábal, responsable del depósito, indició que cuenta con documentos donde constan las frecuentes comunicaciones a las autoridades regionales con solicitud de intervención para la disposición final de los medicamentos e insumos vencidos, constituyendo en omisión para evitar el vencimiento, según la investigadora.

Asimismo, la fiscal confirmó que ordenó la continuidad del traslado de los insumos médicos al depósito del hospital integrado en el predio del IPS, donde se cuenta con local seguro para la guarda y custodia de los mismos. Si bien los estudios de laboratorio no tienen plazo para emitir dictamen, la responsabilidad sería igualmente de las actuales autoridades de salud pública en la región, significó la fiscal. También anunció que solicitará informes sobre las cláusulas de contrato entre la Fundación Tesãi y el propietario del depósito, que sería un funcionario de esa institución, según sospecha la denunciante. En cuanto a la tipificación penal, inicialmente se configuraría la lesión de confianza, pero con los resultados del laboratorio forense se podría ampliar la calificación y eventualmente se reservaría ampliación en caso que ya se resuelva una imputación. En los pasillos de la Fiscalía no se descartaba ayer la recusación de la fiscal

Fuente -> http://www.laclave.com.py