Informe de Anticorrupción confirma irregularidades en el caso Texos Oil

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Este escándalo terminó tumbando al ex procurador general Sergio Coscia, quien renunció en plena Navidad. Llamativamente, si prosperaba el acuerdo, Petropar habría pagado además de los USD 6,9 millones otros USD 1,3 millones por impuestos. “Se vulneró el principio de la prudencia administrativa con la aceptación de la inclusión de una cláusula que establecía que el monto a ser pagado por Petropar en el acuerdo debía estar libre de impuestos, tasas y tributos, sin que ningún dictamen jurídico, tributario o financiero advirtiera que la suma de USD 1,3 millones también debería ser pagada por Petropar en caso de que prosperase el acuerdo firmado”, refiere el informe oficial de Anticorrupción, derivado a la Fiscalía para proseguir con la investigación en curso. Se confirma que Petropar solicitó al Ministerio de Hacienda la suma de G. 15.000 millones, en el ejercicio 2020, en concepto de aporte intergubernamental. “Esto demuestra que la empresa está dispuesta a pagar un acuerdo con terceros y no con la Tesorería General de la Nación”, apuntó. COBRO INDEBIDO. Otro punto sumamente relevante del informe es la hipótesis de cobro indebido de honorarios, previsto en el artículo 313 del Código Penal. En la cláusula tercera del acuerdo que se pretendía realizar con la empresa argentina, Petropar y la Procuraduría acordaron el pago de USD 2,8 millones al abogado Abel Germán Ávalos. Este es funcionario permanente de la Justicia Electoral y comisionado a la Contraloría General de la República. El pago sería en concepto de honorarios profesionales “reconocidos en un supuesto pacto de cuota litis”. Ávalos, siendo funcionario público, se hace acreedor de unos honorarios profesionales que surgen de un litigio judicial entablado contra los intereses patrimoniales del Estado. Deberá ser analizado el régimen de actuación del funcionario, en cuanto a las prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios judiciales y de la Contraloría de ejercer la abogacía, representando a particulares y más aún en juicios contra el Estado paraguayo. No encontraron ningún instrumento que acredite la realización de una actividad judicial que pueda tener el valor económico de USD 2,8 millones.LAS CIFRASUSD 2,8 millones es el honorario que pretendían pagar al abogado Abel Ávalos, funcionario comisionado a la Contraloría.USD 1,3 millones es lo que Petropar iba a pagar en concepto de impuestos, por encima de los USD 6,9 millones.

Fuente -> http://www.ultimahora.com