Funcionaria pretendía auditar a intendente que benefició a su marido y fue desvinculada – Nacionales

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La Contraloría General de la República remitió documentos que certifican que ya el pasado 30 de octubre desafectaron de su cargo de auditora a la funcionaria María Elena González, que era nada menos que la esposa de un asesor del intendente de Hernandarias.

11 de noviembre de 2020 – 13:12

De acuerdo a notas remitidas por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Hernandarias, y que nos hicieron llegar a la redacción de ABC Color, la institución de control ciudadano ya desafectó de su cargo de auditora a María Elena González el pasado 30 de octubre. La CGR afirma que desvincularon a la funcionaria ni bien supieron del vínculo conyugal que tenía con Diego Marcial Clemotte Silvero, quien en el año 2016 fue contratado por la Comuna para servicios de asesoría económica al intendente, por un pago mensual de G. 6.930.000.

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De hecho, ese mismo año (2016) María Elena González estaba comisionada para cumplir funciones administrativas en la Municipalidad de Hernandarias, que ahora pretendía fiscalizar.

Las notas remitidas por la Contraloría son escuetas, y se limitan a decir que se desafecta a la mencionada funcionaria del equipo auditor.

Millones desaparecidos

Recordemos que la Municipalidad de Hernandarias, bajo gestión del cartista Rubén Rojas, está siendo auditada por la Contraloría de la República debido a varias irregularidades que fueron denunciadas en la Fiscalía por los propios concejales, y que apuntan a millonarios desfalcos de dinero por parte del administrador municipal.

Entre los hechos que se le atribuyen al intendente se encuentran la transferencia de 1122.040.860 a entidades educativas y entes sin fines de lucro sin presentar a la Junta Municipal los documentos respaldatorios.

Además se le acusa del pago de G. 845.139.110 a la firma San Cayetano, de Ramón Riquelme sin siquiera explicar el motivo de la entrega del dinero. Para colmo, el dinero se descontaba del salario de los funcionarios.

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Se le señala también por la malversación de fondos recaudados en impuesto inmobiliario. De los G. 3.370.942.977 que se comprometieron para inversiones, solo se destinaron G. 7.500.000.

Entre otras malversaciones, se recaudaron G. 289.573.390 para instituciones deportivas, pero solo se transfirieron G. 209.891.500. En tanto, para los bomberos voluntarios se recaudaron G. 83.320.000, pero solo se entregaron G. 53.320.000.

Él mismo pidió que se lo audite

Curiosamente, la auditoría de la Contraloría se lleva a cabo a pedido del propio intendente Rojas, quien había solicitado la fiscalización como una medida para desafectar las protestas ciudadanas contra su gestión tras el rechazo en la Junta Municipal de un pedido de intervención de la Municipalidad.

En agosto pasado, una comitiva de la Contraloría encabezada por el coordinador Nelson Salinas permaneció una semana en la Municipalidad para revisar la documentación. El resultado de la auditoría se espera para el próximo mes.

En tanto, en el ámbito penal, el fiscal Alfredo Acosta Heyn es el encargado de investigar las supuestas irregularidades denunciadas por los concejales.

Fuente -> http://www.abc.com.py