Fiscales diligencian extracción de datos de teléfonos en caso Dinac – Nacionales

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El 31 de julio pasado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reasignó la causa a los fiscales Riquelme y Ledesma. La decisión fue tomada a raíz de la inhibición del fiscal Osmar Legal, que se dio como consecuencia de la intervención de un abogado amigo suyo.

Tanto Riquelme como Ledesma ahora están trabajando para remitir al Laboratorio Forense del Ministerio Público computadoras, teléfonos celulares y pendrives que habían sido incautados de oficinas de la Dinac.

Los datos que puedan ser obtenidos, por ejemplo de los celulares, permitirán a los investigadores la conversación que pudieron haber mantenido Melgarejo y los demás imputados.

En cuanto a las computadoras, en la CPU, se podrían en contra los procesos administrativos seguidos para adquirir los tapabocas, que se habrían sobrefacturado, según la imputación de la fiscalía.

En el caso, además de Melgarejo, están imputados Juan Carlos Turitich Báez, exgerente financiero; Marcelo Rubén Ovelar, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones; Luz María Chamorro, exgerente administrativa; Fernando José Gallardo, exadministrador; Katherine Pamela Toñánez y Carlos Alberto Franco Vargas, dueños de las firma que proveyó a la Dinac los tapabocas presuntamente sobrefacturados.

Hipótesis de fiscalía

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, en el caso de los tapabocas, existió un esquema delictivo para la comisión de un fraude en perjuicio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Las evidencias obtenidas, según la imputación fiscal, sugieren que el esquema delictivo se habría diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y de esa manera encubrir la participación del o los beneficiarios reales de las ganancias ilícitas.

“En el caso de la adquisición de las mascarillas por la Dinac de la empresa Proyectos Global SA, consistiría en que funcionarios infieles habrían utilizado como mecanismo para desviar indebidamente fondos públicos la figural legal de la compra de bienes en virtud de las normativas dispuestas en materia de contrataciones públicas y acordes a las nuevas directrices dictadas por el Gobierno ante las medidas sanitarias impuestas en el marco de mitigación de la propagación del covid-19, en todo el territorio nacional”, enfatizaron en su imputación los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza y Federico Delfino que incluso solicitaron la prisión.

Para posibilitar este esquema, a través del cual se desviaron los fondos públicos, se habría utilizado a la empresa proyectos Global SA, que –de antemano– a través de sus accionistas, habría tenido conocimiento acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que requeriría la Dinac y de esa forma completar el circuito del fraude, dijeron fiscales.

Lo que se pagó

La Dinac abonó de su patrimonio la suma de G. 119.500.000, menos los descuentos legales correspondientes. Sin embargo, habría recibido como contraprestación la cantidad de 4.000 mascarillas por un valor no equivalente a la suma abonada. Es decir, se habrían ingresado al patrimonio de la Dinac mascarillas que tienen un valor en el mercado mucho menor al valor abonado por la institución, con lo cual se le ocasionó un perjuicio en su patrimonio.

“Es más, dentro de ese esquema se advirtió, conforme a las evidencias con las que cuenta la fiscalía, que las cajas que contenían las mascarillas, las cuales fueron entregadas por Proyectos Global SA, no coinciden con las características requeridas en el pliego de bases y condiciones del llamado. Así también, se vio que figuran en las cajas que las fechas de vencimiento de las mascarillas datan del mes de setiembre de 2019. Es decir, que están vencidas, lo cual también hace presumir que su valor en el mercado, al estar vencidas, jamás podrían tener el mismo costo que la Dinac pagó por ellas”, resaltaron los fiscales en su presentación.

El tipo penal atribuido es el de lesión de confianza, refiere la imputación del Ministerio Público, que señala que el perjuicio causado a la Dinac fue de G. 59.960.000.

Melgarejo intentó obtener su libertad ambulatoria, pero esto fue rechazado por el juez Miguel Palacios, que tuvo en cuenta la oposición del Ministerio Público.

Fuente -> http://www.abc.com.py