Firmas sin registro en MUVH obtienen millonarios contratos – Nacionales

0
48

Una veintena de constructoras no registradas en el Ministerio de Urbanismo (MUVH) fueron beneficiadas para erigir miles de viviendas sociales con fondos del Estado. Se desconoce si son formales, propietarios y otros detalles.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, destina fondos públicos a constructoras de dudoso origen mediante la contratación directa realizada por las organizaciones sociales que prestan el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” con el programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis). Esta conclusión se desprende del análisis de los informes proporcionados con el expediente Nº 32.734, solicitado a través del portal de Acceso a la Información Pública, en vista a que esos datos no están disponibles en su web.

Dicha planilla especifica en cada proyecto el SAT adjudicado con la cantidad de casas, porcentaje del avance y constructora designada. Cada firma subcontratada por las organizaciones habilitadas en la actual administración fue buscada en el listado de constructoras existente en el MUVH, actualizado en julio último, según consta en portal de la institución. De esta manera, se detectó que 21 constructoras no habilitadas por el Estado son responsables de edificar miles de casas cuyo valor supera los G. 149.202 millones, dinero que deriva de los tributos pagados por la ciudadanía (ver cuadro).

Actualmente no existe mecanismo alguno de control ni seguimiento de esas transferencias hechas por rubro 800, tal como ocurre con la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas. La gente no tiene las herramientas para conocer el historial de obras de las constructoras y ahora se constata que hay empresas cuya procedencia podría ser irregular. En esta ocasión, el Ministerio de Urbanismo brindó el informe 15 días después del pedido.

Flexibilización

El ministro Durand revocó la limitación que había de que la cantidad de casas sociales, a cargo de cada constructora habilitada y elegible por los SAT, esté condicionada a su capacidad financiera, experiencia comprobable y el nivel de facturación, según consta en la Resolución Nº 332. El documento dice que son “exigencias excesivas” y que no existe vinculación contractual con esas firmas sino que lo son con los SAT y en caso de incumplimiento, se aplica la póliza de seguro.

De esta manera, Durand deslinda responsabilidad con las constructoras y deja en manos del sector privado la gestión de fondos públicos.

Por ejemplo, permitió a la empresa Lantana SA, de Carlos Minelli, que solo tenía permitido construir 10 viviendas al año –tal como consta en su habilitación y en la lista de constructoras–, a que se encargue de más obras. En el mismo mes que firmó una resolución para habilitarle más de 10 casas, fue contratada para levantar 20 viviendas en Coronel Oviedo. La contrató el SAT Asociación Base para el Desarrollo Social (Badeso). A año y medio del contrato, según datos del MUVH, no ha podido terminar la obra.

[email protected]

Fuente -> http://www.abc.com.py