Expulsiones, fruto de presión ciudadana – Opinión

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El procedimiento para la pérdida de investidura de los parlamentarios que se discute en estos días en el Senado pone en juego cuestiones políticas, legales, constitucionales, reglamentarias y éticas, entre otras cosas.

La discusión versa mayormente sobre los votos necesarios para la expulsión, el “debido proceso” y los requisitos que deben cumplirse. Poco se habla de la falta de honorabilidad y vergüenza de algunos legisladores que no tienen la dignidad de renunciar cuando se exponen públicamente sus fechorías y su mala conducta.

Por un lado, se discute cuántos votos son necesarios para expulsar de su banca a un legislador electo por la ciudadanía. El artículo 201 de la Constitución, que habla sobre la pérdida de investidura, no establece una mayoría particular, por lo que se recurre al artículo 185 que dice que cuando no se habla de una mayoría calificada, se debe entender que es mayoría simple.

Sin embargo, algunos senadores defienden la necesidad de una mayoría especial de votos

teniendo en cuenta la gravedad de la sanción y el hecho que, para sanciones menores, la Constitución dispone una mayoría de dos tercios.

La solución quizás sea establecer un procedimiento muy claro y contundente que deje poco lugar a dudas sobre las faltas que haya cometido un legislador para merecer esa sanción.

Una polémica que se plantea es si la sanción está o no vinculada a un hecho delictivo tipificado que haya cometido el legislador.

Algunos senadores, como el colorado Juan Darío Monges, consideran que es así, lo cual en la práctica saca la posibilidad de sanción del ámbito legislativo y solamente dispone su aplicación cuando exista una sentencia judicial.

Pero, igual que en la cuestión de los votos necesarios, el artículo constitucional nada dice de que el Poder Judicial está de por medio para aplicar una sanción.

Otros lo ven como un juicio político para justificar que los legisladores tienen amplias prerrogativas. Sin embargo, el artículo 201 no dice que sea un juicio político.

El senador Hugo Richer (Frente Guasu) considera que no es una cuestión judicial y tampoco un juicio político sino que la pérdida de investidura está vinculada con una figura existente en otras constituciones: la revocatoria de mandato.

En este periodo, cuatro senadores fueron expulsados utilizando esa figura y otros dos renunciaron antes de que les sea aplicada.

Aunque algunos senadores digan ahora que fue un error echarlos, lo cierto es que incurrieron en conductas indignas de su cargo y, sobre todo, cayeron en el descrédito ante la ciudadanía.

Es de lamentar que en la Cámara de Diputados no hayan tenido el mismo rigor y hayan optado por una actitud cómplice para protegerse mutuamente, pese a que las acusaciones y las pruebas contra algunos de ellos son tanto o más graves que las que pesaron sobre los senadores expulsados.

Algunos temen que las expulsiones caigan en algún momento en la arbitrariedad y el oportunismo político. En la práctica y en todos lo casos, se evaluaron hechos y conductas y no se vio una “mano política oscura” que haya operado entre bambalinas.

Hubo una auténtica reacción y presión ciudadana muy saludable que actuó sobre los congresistas.

Más aún, la sensación es que en la lista faltan algunos parlamentarios cuya conducta hace rato merece una decisión igual de contundente que contribuiría a dar más credibilidad al Congreso.

Quienes se salvaron, lo hicieron justamente como consecuencia de pactos políticos “cicatrizantes” bajo la mesa y de ninguna manera por haber demostrado que son inocentes y “perseguidos” como pretenden presentarse.

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Fuente -> http://www.abc.com.py