Exfiscala reprocha al presidente del tribunal que votó por no condenar a OGD – Nacionales

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Rojas conversó este martes con ABC sobre la sentencia por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que finalmente sentenció con una mínima condena a los implicados, encabezados por el exsenador Óscar González Daher.

La actual titular de Senabico fue una de las fiscalas que fueron “apretadas” en el caso conocido como “Electrofácil” en agosto de 2017 por parte de los abogados José Domingo Almada y Carmelo Caballero, el entonces senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher; y su secretario en el JEM, Raúl Fernández Lippmann. Rojas había llegado a decir que Almada le amenazó con sacarle “hasta la bicicleta”.

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Ayer, el juez Juan Carlos Zárate — que en un momento pareció más defensor de Óscar González Daher que imparcial — cuestionó el trabajo de Rojas cuando era fiscala. La titular de Senabico respondió hoy en conversación con ABC y dijo que no le correspondía al magistrado hacer precisiones o juzgamientos sobre su trabajo, sino que esa es una tarea del JEM.

“Mi actuación en la causa Electrofácil ya fue juzgada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Para mí, estuvo de más lo que hizo el Tribunal”, afirmó Rojas. Cabe recordar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya desestimó la denuncia contra ella por este caso en febrero de 2018.

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“Me pareció que estuvo fuera de lugar ese cuestionamiento. Lo que dijo el presidente del tribunal me hizo sentir como me sentí cuando todo ocurrió; eso como persona. Lo que sentí como ciudadana fue que el presidente del tribunal dio su voto con una emotividad, una emotividad negativa”, añadió.

Por ejemplo, Zárate justificó su voto en disidencia a la sentencia dentro del tribunal en donde también estaban María García de Zúñiga y Héctor Capurro y habló sobre los audios filtrados, que jamás fueron prueba judicial en el proceso. “Fue muy llamativo que el juez se haya explayado sobre un tema que no haya sido objeto de debate en el juicio (legalidad de audios)”, refirió en otro momento.

Rojas se sintió escrachada por Zárate no solo por sus palabras de ayer, sino porque el magistrado no le hizo las preguntas que debía cuando ella fue a declarar en el juicio a mediados de noviembre.

“Estuve más de una hora sentada frente a los demás miembros del Tribunal. Las críticas deben hacerse dentro del marco del respeto, no rayando el escrache”, agregó, a tiempo de indicar que lo que Zárate tenía que hacer ayer era simplemente una explicación breve de lo que fue su voto en disidencia.

“Creo que se explayó demasiado y con mucha emotividad. Todo tiene un límite (…) Creo que ese tipo de tratos que tuvo hacia los que fuimos a contar, le desalienta a la gente a colaborar con la justicia, ya sea desde la prensa, el testimonio, algún trabajo técnico. Eso desalienta a la gente a seguir denunciando y colaborando con la justicia”, finalizó.

El caso Electrofácil

En su declaración, el 18 de noviembre de este año, Rojas contó que en el 2017 fue designada junto al agente fiscal Aldo Cantero para investigar cuatro causas que involucraban a la firma Electrofácil. En ese marco presentaron imputación por supuesta estafa, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero en contra de cuatro personas, entre ellas Luis Saguier Blanco.

Debido a esta situación, los abogados del imputado –José Domingo Almada y Carmelo Caballero– la visitaron en su despacho y este último le reclamó por qué no le avisó que había imputado y solicitado la prisión preventiva de su cliente.

Por su parte, Almada le manifestó que fueron junto a ella para comunicarle que presentaron una denuncia en su contra en el JEM y que iban a operar voto a voto para que sea destituida.

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“Me dijo también que luego de mi destitución como fiscal iban a iniciar una demanda civil. ‘Vamos a quitarte hasta la última bicicleta que tengas, así que vendé bien nomás ya todo’, en ese tono se dirigió a mí”, relató la exfiscala.

Agregó que Caballero le manifestó que él sabía que al imputar a Saguier Blanco le estaba “haciendo un favor” al abogado Ricardo Preda porque su esposa le había operado del corazón a la madre de Teresa Rojas. Sin embargo, la actual ministra aclaró que su mamá nunca tuvo dicha cirugía.

Admitió que tras la visita de los abogados sintió “un poco de temor” y pensó en que podía perder todo lo que había aportado en los 17 años que estuvo como agente del Ministerio Público. Por ese motivo se reunió primeramente con Adrián Salas y Cristian Kriskovich, ambos miembros del JEM, y luego con el propio titular del cuerpo colegiado, Óscar González Daher, que le había dicho que su caso “estaba feo”.

Tras la conversación que mantuvo con Almada y Caballero, y luego con OGD y Fernández Lippmann comprendió que “la cosa se venía jodida”, por lo que decidió tramitar su jubilación y pidió su traslado a otra unidad fiscal, antes que la destituyan y pierda todos sus años de trabajo.

El juicio

El tribunal condenó al exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, así como al abogado Carmelo Caballero y al exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann, al hallarlos culpables de tráfico de influencias en la causa Electrofácil.

El ex legislador colorado fue condenado a dos años de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de la pena, y tendrá que cumplir algunas reglas de conducta por el plazo de tres años para no ir a la cárcel. La misma condena fue establecida para Raúl Fernández Lippmann.

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Sin embargo, el tribunal dictó la pena adicional de 7 años de prohibición para ocupar cargos en la función pública tanto para Óscar González Daher como para su “partner” y exsecretario en el JEM, por lo que el ex parlamentario colorado no podrá pugnar por un cargo electivo en los comicios de 2023 como pretendía y que había anunciado cuando el juicio oral estaba en pleno desarrollo.

Por su parte, el abogado Carmelo Caballero Benítez fue condenado a 1 año y 8 meses de pena privativa de libertad, aunque tampoco irá a prisión porque la sanción es con suspensión a prueba de la ejecución. En su caso, la pena adicional es de 5 años de prohibición para trabajar en instituciones del Estado, pero podrá continuar con el ejercicio de su profesión.

Fuente -> http://www.abc.com.py