Dos liberales imputados no reculan y uno amenaza con destituir a Amarilla

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Pero en la búsqueda de los votos, dos de los ocho liberales que votaron por la sanción, junto con los 39 colorados, ponen resistencia y se mantienen en su postura. Se trata precisamente de los imputados Carlos Portillo y Édgar Ortiz. Portillo está procesado por tráfico de influencias y en espera de la fecha para el inicio del juicio oral. Por su parte, Ortiz está imputado por atropello y violación de la cuarentena. Además, es el más reticente a apoyar la revocatoria de la sanción planteada por los líderes de las cuatro bancadas liberales de la Cámara de Diputados. El parlamentario de Itapúa incluso amenazó con la destitución de su colega, aunque “cierren” el Congreso, según manifiesta en un audio. “Que hagan lo que quieran, chekueráima ko polítikagui, chera’a. Tojapo ojaposéa hikuái. Che ndaguevimo’ãi upéa ha mbyky ha oñemoseta ko kuñakaraípe. Tombotysero la Congreso, tomboty hikuái”, (Estoy harto de política, que hagan lo que quieran. Yo no voy a retroceder. Le vamos a expulsar a esta señora. Si quieren cerrar el Congreso que cierren)”, expresa Ortiz. Con esta declaración, el diputado llanista reafirma su cercanía al cartismo, incluso más que a su propio partido, cuyo Directorio advirtió con una amonestación para los ocho liberales que votaron por suspender a Amarilla, y el apoyo a la revocatoria sería una forma de evitar esa sanción desde el PLRA. COLORADOS. El diputado liberal Carlos Silva, por su parte, apuntó que confía en los votos de los colorados para revocar la sanción. Igualmente, existe una fuerte presión de la ciudadanía por sobre los diputados colorados, además de la representación diplomática de los Estados Unidos, que se pronunció pidiendo el respeto a la libertad de expresión. Según Silva, esperan que los dos liberales cambien de postura, y también sospechan que podría haber ausentes entre “los colorados arrepentidos”, y con ello se lograría una mayoría. CORTE. Celeste Amarilla y un grupo de diputados presentan hoy, a las 11.00, la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, como lo había anunciado, alegando un quiebre institucional. Con ello buscan que la sanción sea anulada.

Fuente -> http://www.ultimahora.com