Dos asaltacolectivos son acusados y podrían tener elevadas condenas

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Edgar Torales, fiscal que acusó y pidió enjuiciamiento público para dos delincuentes. Evidencias incautadas los comprometen en el hecho investigado.

Al cabo del plazo establecido por la jueza penal de garantías Dólica Giménez, en el marco de una causa penal por robo agravado, el fiscal Edgar Torales presentó requerimiento conclusivo contra dos conocidos marginales para quienes requirió elevación de causa para su juzgamiento público. Roger David Cano Noguera, de 22 años, y Richard Arnaldo Vargas Franco, de 29, residentes en el barrio Santa Ana.

Según los antecedentes del caso, el 6 de diciembre del año pasado, siendo las 10:20, los hora acusados se desplazaban a bordo de un ómnibus del transporte público Acaraymí, cuando Roger David desenfundó un arma de fuego intimando a los pasajeros que entreguen sus respectivos teléfonos celulares, en su mayoría de alta gama y una vez logrado su objetivo descendieron del bus y se dieron a la fuga a pie, internándose hacia el barrio Amambay II, dándose aviso del hecho a personal de la subcomisaría jurisdiccional. Uno de los autores tenía impedimentos en la pierna que le dificultaba caminar, según señalaron los denunciantes.

El dúo de marginales se separó en la huida, pero los uniformados no tardaron en aprehender a Cano Noguera, quien confesó la identidad de su compañero de causa, resultando también la detención de Vargas Franco con algunas de las evidencias en su poder, como el arma utilizada para la comisión del hecho punible. Presentados ante la unidad fiscal de turno, Torales les dio la posibilidad de presentar su descargo, pero se abstuvieron a declarar.

Con los elementos de juicio colectados en la etapa preparatoria, la agencia fiscal calificó la conducta desplegada por los marginales como típica, antijurídica, reprochable y, en consecuencia, punible, ya que es un acto humano voluntario dirigido hacia un fin ilegal. Ambos sujetos, cuentan con frondosos antecedentes de iguales envergaduras a la ahora acusada, circunstancia advertida por la representación pública al órgano juzgador. Según la conclusión fiscal, Gaona Noguera y Vargas Franco, en pleno uso de sus facultades mentales, al momento de cometer el hecho de referencia, contaban con la capacidad suficiente para ser responsabilizados por su conducta, ya que estaban en pleno desarrollo de su capacidad para diferenciar lo permitido y prohibido.

El robo agravado, según el Código Penal, tiene una expectativa de entre cinco y 15 años de pena privativa de libertad y considerando el desarrollo del juicio oral y público, la Fiscalía podría requerir para ambos medidas de seguridad.

Fuente -> http://www.laclave.com.py