Dinero sucio ya no debe servir para financiar campañas políticas

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La Justicia Electoral presentó a los partidos políticos la reglamentación de la Ley 6501/20 de trazabilidad del dinero en las internas municipales de éste año (20 de junio). La norma prevé que cada movimiento interno debe presentar declaraciones juradas e informes de ingresos y gastos de campaña

El administrador de campaña de cada movimiento deberá habilitar una cuenta única 90 días antes de las elecciones. Así también, los políticos que falsean los datos en su declaración jurada de bienes solo recibirán sanciones pecunarias de hasta G. 25 millones. Sin embargo, no serán inhabilitados a participar en futuros comicios hasta tener una “sentencia firme”, lo cual suele durar más de cinco años en el Poder Judicial.

Indudablemente, la ley de financiamiento de los partidos políticos, aun con sus limitaciones, ha sido un gran paso en la vida democrática del país. Marcó el fin de un tiempo en el que los partidos políticos se desenvolvían sin reglas precisas con respecto al origen de sus fondos electorales. Por lo tanto, no había freno alguno para que los candidatos solventaran sus campañas proselitistas con fondos provenientes de la mafia del narcotráfico, el lavado de dinero u otras fuentes originadas en diversas formas de delincuencia.

Esta ley se hace sumamente necesaria, en momentos en que vemos que candidatos bien identificados, en Ciudad del Este y Presidente Franco, vinculados directamente al narcotráfico, se erigen como candidatos a intendente o la Concejalía. Desde el momento en que el narcotráfico irrumpió sin disimulo alguno en la escena de la vida nacional, la ratificación de evidencias de la vinculación de políticos de todos los colores con el mundo de las drogas, surgió la idea de modificar la ley del financiamiento a candidatos de partidos, movimientos o alianzas electorales.

El propósito es impedir que los narcotraficantes sigan alimentando con dinero a quienes luego tendrán que retribuir el favor dejándolos actuar con tranquilidad, protegiéndolos o defendiendo sus intereses en las instancias en las que se presenten cuestionamientos hacia su actividad ilícita.

Evitar que el dinero proveniente del narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y otros financien la campaña electoral de un candidato, movimiento o partido político es un largo anhelo en el país. Sobre todo teniendo en cuenta que son conocidas las consecuencias –por la experiencia de otros países– para una sociedad. Esperemos que esta Ley sea apenas el primer paso de un conjunto de normas que impidan por completo que el dinero sucio sirva para financiar campañas políticas, como lamentablemente aún está ocurriendo en nuestro país.

Fuente -> http://www.laclave.com.py