Detectan presunta malversación de más de US$ 54 millones en municipios y otras instituciones – Nacionales

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La Contraloría General de la República realizó un reporte de presuntos hechos punibles en diversas municipalidades e instituciones del Estado en periodos anteriores y actuales, según confirmó Darío Ortega, director general de la Asesoría Jurídica de la Contraloría. Se habla de un posible perjuicio aproximado de US$ 54 millones en total.

02 de noviembre de 2020 – 09:46

Ortega destacó que el último paso al realizar las auditorías es la elaboración de reportes para que la Fiscalía confirme la comisión de hechos punibles. En ese sentido, contó que encontraron irregularidades en municipalidades como las de Asunción, Hohenau, Nueva Colombia, Ñacunday y Concepción, por ejemplo.

También realizaron auditorías a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). En ambas instituciones detectaron presuntas malversaciones de fondos.

En total, el director jurídico estimó un presunto perjuicio aproximado de G. 357.169 millones, alrededor de US$ 54 millones. Aclaró que esa cifra puede ser mayor o menor, dependiendo de los resultados de las investigaciones que deberá realizar el Ministerio Público, que tiene competencia para intervenir más profundamente e investigar la comisión de hechos punibles.

En el caso de la ANDE, contó que auditaron como muestra el periodo comprendido entre 2010 y 2013 y se detectó el pago de obras que no fueron entregadas conforme a lo establecido en los contratos. “Se pagaron por obras que no cumplían con las especificaciones técnicas”, resaltó.

Mientras tanto, en Senasa recabaron datos de los años 2017 y 2018, detectando por ejemplo que se construyó una planta de tratamiento realizando un pago irregular del anticipo del 30%, unos G. 1.350 millones, aproximadamente.

Además, constataron que una obra financiada por la entidad fue construida en un predio que no pertenece a la Senasa y se encuentra a 4 kilómetros de distancia de lo establecido en los permisos ambientales.

Asimismo, detectaron que una obra que debía ser culminada en 5 meses fue entregada 5 años después del inicio, sin que se hayan aplicado multas correspondientes. Solo por ese caso se habla de una presunta malversación de G. 1.300 millones.

NOTA EN DESARROLLO

Fuente -> http://www.abc.com.py