Despiadada manipulación política de niños por el EPP – Editorial

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El 2 de septiembre último, dos niñas de once años de edad resultaron muertas en un choque entre efectivos del orden y el grupo armado que integran sus padres. Otros once más habrían sido incorporados siendo también menores de edad. Hace unos días, la hoy detenida “enfermera” del EPP, Laura Villalba, pidió la búsqueda de una sobrina suya, de 13 años, que se hallaría extraviada en un monte, con una herida de bala sufrida también en aquel enfrentamiento. Cabe preguntar en qué condiciones estaban las niñas en los campamentos de estos facinerosos. Como lo muestra la experiencia colombiana, las mismas cumplen un papel activo, como, de hecho, se ha visto también en nuestro país en fotografías publicadas por el propio EPP. ¿Qué dirían los organismos de derechos humanos si efectivos del Gobierno ingresaran en los montes poniendo por delante a menores de edad? ¿Por qué la diferencia del cristal con que miran, y no se inmutan cuando el EPP emplea a menores como carne de cañón en los bosques?

04 de enero de 2021 – 01:00

El Centro Nacional de Memoria Histórica, de Colombia, informó que, entre 1960 y 2016, grupos armados de ese país utilizaron a 16.879 menores de 18 años. Hace un par de meses, dos exjefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconocieron el reclutamiento forzado: Julián Gallo dijo que “esa situación de los niños no nos hace sentirnos contentos ni orgullosos”, en tanto que Milton Toncel afirmó que “ninguna explicación ni ninguna causa justifican arrebatar el libre crecimiento y desarrollo a los niños y niñas”. Es pertinente citarlos porque esa organización delictiva –experta en secuestros prolongados– asesoró a la banda criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hoy en vías de seguir sus pasos también en la miserable faena de valerse incluso de quienes aún están en la infancia.

Se recordará que el 2 de septiembre último, dos niñas de once años de edad resultaron muertas en un choque entre efectivos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) –antes conocida como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)– y el grupo armado que integran sus padres. Otros once más habrían sido incorporados siendo también menores de edad. Hace unos días, la hoy detenida “enfermera” del EPP, Laura Villalba, pidió a la jueza Rosarito Montanía la búsqueda de una sobrina suya, de 13 años, que se hallaría extraviada en un monte, con una herida de bala sufrida también en aquel enfrentamiento. Invocando la Constitución, el agente fiscal Federico Delfino transmitió la solicitud al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al CODI. O sea que la preocupada tía pidió auxilio al Estado que ella y sus cómplices combaten a sangre y fuego.

Cabe preguntar en qué condiciones estaban las niñas en los campamentos de estos facinerosos. Como lo muestra la experiencia colombiana, las mismas cumplen un papel activo, como, de hecho, se ha visto también en nuestro país en fotografías publicadas por el propio EPP, en donde se ve a menores empuñando armas tan grandes como su propia estatura, sin que las agrupaciones que dicen bregar por los derechos humanos expresen su preocupación al respecto. ¿Qué dirían si efectivos del CODI ingresaran en los montes poniendo por delante a menores de edad? Inundarían los medios con comunicados y movilizarían a sus filiales afines en el mundo para denunciar –como debería ser– a un Estado que proceda de dicha manera. Pero, ¿por qué la diferencia del cristal con que miran, y no se inmutan cuando el EPP emplea a menores como carne de cañón en los bosques? A propósito, nada dijeron respecto a recientes materiales dados a conocer por el CODI, resaltando uno realmente dramático, de un recién nacido en un precario cajón colgado de una soga que manejaban los integrantes del grupo ilegal, haciéndole cruzar un río.

La infamia de reclutar a niños y adolescentes se agrava cuando son sus propios padres quienes lo hacen para usarlos como escudos humanos y convertir su muerte en una victoria política, a ser explotada como propaganda dentro y fuera del país. Se ha dicho que las niñas fallecidas ni siquiera podían portar un fusil, lo que sería innecesario si mucho se gana convirtiéndolas en inocentes mártires de la revolución en marcha, provocando hasta la intervención del Gobierno argentino y la quema de una bandera paraguaya, junto con la “pintata” del Panteón Nacional de los Héroes. Estos desalmados, que exponen a menores de edad a un peligro mortal, tienen derecho a despreciar sus propias vidas, pero no así las ajenas ni, en especial, las de quienes son casi unas criaturas.

Aunque el EPP se burla de la ley y de la moral, es útil recordar que la Organización de las Naciones Unidas adoptó, en el año 2000, un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, ratificado por 158 países, entre ellos el nuestro. Su art. 4º dice cuanto sigue: “1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben, en ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. 2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas”. ¿Estarán enterados de esto los organismos de derechos humanos que activan en nuestro país, o creerán que esas disposiciones solo rigen para las fuerzas armadas regulares? Nunca se han inmutado cuando los delincuentes las violan.

La inhumanidad de la que sigue haciendo gala el EPP, pese al arrepentimiento de sus consejeros colombianos de otrora, exige un mayor denuedo de la fuerza pública, poniendo sumo cuidado en no darle el gusto de causar víctimas infantiles o adolescentes, pero sin someterse al chantaje que implica poner a menores en las líneas de avanzada para ganar rédito político. En otros términos, no solo habrá que liberar a los secuestrados, sino también a los pequeños inocentes que estén siendo utilizados por esos bárbaros.

Fuente -> http://www.abc.com.py