Cuatro personas son sentenciadas por invasión de inmueble en San Bernardino – Nacionales

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El caso de una condena a 4 años de prisión a cuatro personas residentes en San Bernardino, cobró notoriedad y todo tipo de especulaciones en redes sociales, llegando incluso a que un grupo de personas realice una manifestación frente a la comisaría de San Bernardino.

19 de noviembre de 2020 – 01:00

CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Uno de los condenados, de nombre Guillermo Páez, (63), manifestó que tanto él como su familia ocupan la propiedad (de unas 17 hectáreas) desde hace más de 68 años, en la compañía Pirayu’i de San Benardino, y que el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano se presentó en su propiedad el año pasado alegando ser el dueño del inmueble, luego de lo cual, afirmó, fue despojado del terreno y además fue condenado a prisión.

Tras 23 días de incidentado juicio oral, el jurado de Sentencia compuesto por los magistrados Liliana Ruiz Díaz, Cristell Muller y Alberto Peralta, sentenció, por el delito de invasión en calidad de coautores a Guillermo Páez, a su hijo Antonio Páez y a los principales instigadores del hecho, Luis Ojeda, alias “Cristhian Otto”, y Ramón Castorino Martínez, alias “Mbopi”. Estos dos últimos ya habían enfrentado un proceso judicial civil por invadir una propiedad vecina perteneciente a Daniel Pereira, de la cual fueron desalojados.

Según datos del proceso, ya desde el año 2002 los ahora condenados, quienes residen en la compañía Tucangua de Altos, distante unos 350 metros del sitio en litigio, ingresaban en forma esporádica a la propiedad de Roberto Ruiz Díaz Labrano, con el objetivo de extraer piedras en forma ilegal de un cerro que se encuentra en el sitio. En ese entonces Guillermo Páez y su hijo Antonio ya fueron procesados por extracción ilegal de piedras y daños al medio ambiente, por el entonces agente fiscal Isacio Cuevas, quien formuló imputación en contra de ellos, los cuales obtuvieron una suspensión condicional de proceso.

De acuerdo con la versión de los testigos que declararon en el juicio, en marzo del año 2019 Guillermo Páez mandó construir una casa en el lugar y fue Ramón Martínez el encargado de la construcción con la ayuda de Ojeda. Llamativamente la casa construida en precarias condiciones, es de una sola dependencia y no cuenta siquiera con letrina, según dijo la jueza Liliana Ruiz Díaz. Sin embargo, Páez alega que la misma data ya del año 1957.

En abril del 2019, durante una visita a su propiedad, Ruiz Díaz Labrano se encontró con la sorpresa de que habían construido una casa en su propiedad y que una turba de personas lo echó del lugar. Inmediatamente, refirió, realizó la denuncia por invasión de inmueble ante el Ministerio Público. El encargado de la investigación fue el fiscal Gustavo Sosa, de la Unidad 1 de Caacupé.

El Tribunal verificó todos los antecedentes de los procesados y se constituyó en el lugar para verificar la situación del terreno afectado. Según mencionaron los jueces cuando dieron a conocer su sentencia, no hallaron elemento alguno que demuestre que la vivienda tenga la antigüedad señalada por los procesados y que demuestre que la misma haya sido habitada durante tanto tiempo, entre otras cosas inherentes al proceso.

Cabe mencionar que Guillermo Páez inició un juicio de usucapión en marzo del 2020, ante la inminencia de la llegada del juicio oral, por invasión.

Desde el inicio del juicio un grupo de personas se instaló frente a la sede del Palacio de Justicia de Caacupé, con vuvuzelas y megáfonos, tratando de presionar e incidentar el proceso, según refirieron los magistrados, quienes en más de una ocasión tuvieron que suspender el juicio para pedir a los procesados que acallen a la turba.

Asimismo, tanto Ojeda como Martínez siempre fueron muy violentos y beligerantes con los mismos agentes de justicia durante las constituciones tanto fiscales como judiciales, según manifestó el fiscal Gustavo Sosa. Supuestamente se tienen videos y grabaciones de la actuación de los mismos durante el juicio y las amenazas que realizaban al dueño de la propiedad y a su hijo.

A causa de esa situación y del riesgo de huida, los jueces ordenaron el inmediato levantamiento de las medidas cautelares y la remisión de los condenados a la comisaría de San Bernardino mientras la sentencia quede firme.

Fuente -> http://www.abc.com.py