Condenar a un santo para vestir a otro

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Un ejemplo es la intención de eliminar aranceles en las universidades públicas so pretexto de facilitar el ingreso y la permanencia de los estudiantes más pobres. El proyecto de ley en estudio en el Congreso es una muestra clásica de cómo la ignorancia de la clase política puede complicar una situación cuando busca encontrar salidas rápidas y populistas.La primera falacia es suponer que la barrera para los estudiantes de menores recursos son los aranceles. La verdad es que la mayoría de ellos ni siquiera llega a la universidad. Un informe del Banco Mundial sobre inversión social y gasto público de 2018 revela que el 44% de los estudiantes de las universidades públicas pertenecen al sector más rico de la sociedad.Para hacer estas estimaciones, los economistas dividen a las familias en cinco grupos o quintiles en escala ascendente, empezando con el 20% más pobre hasta llegar al 20% más rico. El quintil más vulnerable tiene un ingreso familiar promedio de poco más del millón de guaraníes por mes, y el quintil más favorecido un ingreso promedio de más de diez millones.Hasta 2016, el 73% de los estudiantes de las universidades públicas pertenecían a los dos quintiles de mayores ingresos, mientras que apenas el 5% eran del quintil más pobre. La causa de semejante desproporción es muy anterior; no tiene relación con los aranceles sino con el desastroso reparto de la inversión pública en Paraguay. Contrario a lo que se piensa, la inversión del Estado paraguayo en el área social ha crecido de manera sostenida en las últimas dos décadas (aunque sigue siendo insuficiente). Solo por citar, entre 2003 y 2005 (administración de Duarte Frutos) se destinaron a gastos sociales unos seis billones de guaraníes. En estos últimos dos años, esa inversión fue de más de 48 billones. El problema está en cómo y en quiénes se invierte ese dinero.Los menores de edad representan el 40% de la población total del país, pero solo reciben el 24% de la inversión social. Los adultos mayores, sin embargo, representan menos del 6% de la población, pero reciben más del 30% de esa inversión. Esto no quiere decir que los ancianos reciban mucho, sino que la inversión en los niños es minúscula. Esto resulta peor si consideramos que la mitad de los pobres extremos de todo el país tiene menos de 14 años.Hoy nadie duda de que la clave del éxito de todas las economías modernas radica en la calidad de su capital humano, y que este capital depende principalmente del cuidado que el Estado otorga a su gente en la primera infancia, desde la gestación hasta sus primeros ocho años de vida. Y esa es, precisamente, la franja de la población en la que menos invierte nuestro Estado. Atrofiamos nuestro capital humano desde el arranque mismo de su existencia.Esto explica los catastróficos resultados obtenidos por la mayoría de nuestros niños a lo largo de su vida escolar. Solo esa minoría de familias con mayor poder adquisitivo (que recibieron mejores cuidados y estímulos en el inicio de sus vidas) tienen la oportunidad de un mayor aprendizaje; y son quienes, por lógica, consiguen luego ingresar a una universidad pública.La miserable clase política pretende ahora quedar bien con el reclamo de los universitarios exonerándolos del pago de aranceles, echando mano de recursos asignados al Ministerio de Educación por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Lo irónico es que esos fondos son los únicos de todo el presupuesto público destinados a financiar los proyectos de primera infancia. Quieren dar alivio a los pocos que ya están en la universidad condenando a miles de niños que jamás podrán ingresar a una. Curioso concepto de justicia social.

Fuente -> http://www.ultimahora.com