Cierran sedes y fiscales se plegaron a una huelga – Edicion Impresa

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La puja por un aumento del presupuesto del Ministerio Público está con veto del Poder Ejecutivo y con el insólito cierre de doce dependencias, once de ellas en el interior del país y una en Asunción. Además, la Fiscalía General anunció que clausurará más locales, mientras agentes fiscales se plegaron abiertamente a la huelga general de sus funcionarios, que pasa así a ser oficial.

El veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a un aumento de G. 18.000 millones este año y unos G. 120.000 millones para el año que viene terminó en la decisión de cierre de 12 sedes fiscales del país, 10 ubicadas en el departamento de Itapúa, otra en la localidad de Laureles (a 120 kilómetros de Pilar) y la Barrial N° 6 de Loma Pytã.

El hecho es por demás insólito debido a que afectará derechos de los ciudadanos de acceder a la justicia, y todo por una disputa por aumentos salariales de 10% a 18%.

La disposición fue de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y terminó siendo anunciada por el adjunto Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay.

El Ministerio Público anuncio asimismo el cierre de más locales de J. Augusto Saldívar, Villeta, Pozo Colorado y Alto Paraná, ante la imposibilidad de pagar alquileres e insumos de trabajo.

Las causas llevadas en esas localidades se trasladarán a otras sedes que queden cerca y los funcionarios serán reasignados a otros lugares, según se explicó.

Asimismo, en conferencia de prensa, Ricardo Merlo explicó que en diciembre se finiquitarán 124 comisionamientos que le cuestan a la Fiscalía unos G. 12.890 millones anuales.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), por ejemplo, tiene el 100% de funcionarios fiscales, empezando por su propia titular, Karina Gómez, quien es en realidad asistente fiscal.

El adjunto Ricardo Merlo manifestó al respecto que los cierres de locales se dan para “optimizar los recursos ante la falta presupuestaria que estamos enfrentando en estos momentos en el Ministerio Público”. 

También dijo que en los últimos cuatro años han aumentado las denuncias, de 120.000 a 200.000 denuncias por año hasta en las localidades más lejanas del país.

“Se van a empezar, lastimosamente, a cerrar puertas para la ciudadanía, que va a tener que acceder (a la Justicia) en lugares más lejanos”, mencionó.

Explicó que, por el momento, se hará una redistribución de los funcionarios que prestaban servicios en esas unidades fiscales, sin embargo, si no pueden conseguir ampliaciones presupuestarias, podrían resentirse las contrataciones de los mismos. En ese sentido, se explicó que hay 600 contratados y unos 300 sufrirían consecuencias. También se habló de que no hay dinero para que todos cobren su aguinaldo el próximo mes.

Huelga oficial, con fiscales

Los funcionarios de la Fiscalía reiniciaron la semana pasada una huelga general que es oficial y se extenderá hasta el 7 de diciembre.

Si bien el Ministerio Público asegura que trabajarán los fiscales de turno, así como los médicos forenses, unas 196.000 causas quedan paralizadas, teniendo en cuenta que los mismos agentes fiscales apoyan la medida de fuerza, debido a que dejan sus oficinas y acompañan a sus funcionarios en las manifestaciones frente a los locales.

Se llega al punto de que se impide el ingreso a personas que no tengan alguna citación previa, por lo que la dependencia que es pública está prácticamente paralizada.

Aumentos salariales y creación de cargos

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que el proyecto de ley vetado por el Ejecutivo se refiere exclusivamente a aumentos salariales, con su correspondiente aporte al IPS, y creaciones de cargos, y no en rubro de alquileres e insumos.

Con la ampliación se crearán 455 nuevos cargos, a pesar de que actualmente tiene 76 cargos vacantes. Esto fue referido por el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, quien aseguró que la ampliación contempla aumentos salariales de 10% a 18%, nivel que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que no se podrán incorporar incrementos, excepto cuando se produzca un aumento del mínimo (el último fue 3,5%) y en la misma proporción incorporar en el presupuesto del siguiente.

Asimismo, según esa cartera del Estado, la suba salarial llevaría el salario (sueldo más beneficios adicionales) de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a G. 39.821.060 mensuales. Esto es por encima de lo que gana el Presidente de la República (G. 37.908.800, sueldo más gastos de representación). Actualmente, la fiscala general percibe G. 37.407.865, casi igual que Mario Abdo Benítez.

El ministro de Hacienda, Benigno López, indicó que pese a esto están abiertos al diálogo para encontrar una salida gradual a los reclamos de los funcionarios fiscales. 

Sin embargo, reconoció que no hay recursos y que la ampliación de este año (G. 18.041 millones) se traducirá el próximo año en por lo menos G. 113.352 millones, algo que no se podrá cumplir.

Prohibiciones de ingreso

Algo que generó muchos cuestionamientos fueron las prohibiciones de ingreso a las sedes fiscales de todo el país, con la excusa de que, a causa de huelga general, no se toman audiencias testificales, indagatorias ni realizan ningún acto investigativo, salvo las de turno. Se priva así a la ciudadanía el ingreso a dependencias públicas. 

En una circular que los propios funcionarios fiscales viralizaron, el fiscal Rogelio Ortúzar, delegado de la Sede N° 1 (ubicada sobre la Avda. Félix Bogado y 21ª Pytda.), prohibió el acceso a la sede fiscal a todas las personas, incluidos profesionales abogados, que no presenten citatorio.

“Esta decisión poco grata de asumir se vio forzada por el veto del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria, por lo que consecuentemente y como primera medida se prohibe el acceso a toda persona que no cuente con un documento citatorio”, se desprende de la circular de Ortúzar.

En cuanto a los cierres de las sedes, la semana pasada funcionarios de auditoría y de la propia Fiscalía Barrial N° 6 de Loma Pytã, hicieron el relevamiento de casos y evidencias. Posteriormente, funcionarios de Patrimonio inventariaron muebles y finalmente, la oficina fue desmantelada. Las causas abiertas serán llevadas a otras sedes, mientras se perjudica a justiciables por el inconveniente generado.

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Fuente -> http://www.abc.com.py