CIDH se expidió sobre responsabilidad del Estado en asesinato de Santiago Leguizamón – Nacionales

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió informe de fondo sobre la responsabilidad del Estado paraguayo en el caso Santiago Leguizamón, periodista asesinado en Pedro Juan Caballero el 26 de abril de 1991. El organismo internacional considera que se violaron al menos cinco puntos de la convención.

26 de agosto de 2020 – 01:17

Esto fue informado en redes sociales por Dante Leguizamón, hijo del periodista asesinado en Pedro Juan Caballero por sicarios al servicio del narcotráfico en esa zona del país.

Según se lee, la CIDH considera que Paraguay violó los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (prohibición de la tortura y malos tratos), 13 (derecho a la libertad de expresión), 8 (derecho a la justicia)y 25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del periodista y su familia.

El posteo agrega que en el informe de fondo N° 196/20 del caso Santiago Leguizamón Zaván y familia N° 13.030 la CIDH recomienda:

1. Una investigación completa del asesinato.

2. Cooperación del Estado de Brasil para Paraguay investigue y sancione, o (3.) en su caso que Paraguay colabore con el Estado de Brasil para que se realice una investigación

4. Adoptar medidas para reducir la exposición al riesgo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran en situación de riesgo especial

5. Fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de periodistas

6. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe

7. Diseñar programas de formación y capacitación que incluyan los estándares y criterios con relación a la investigación de crímenes contra periodistas.

Santiago Leguizamón, periodista asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero.

Esta resolución se da tras casi tres décadas de lo ocurrido y a 13 años de la petición hecha ante el organismo internacional por violaciones de derechos humanos por parte del Estado paraguayo.

Según el reglamento, una vez remitida la resolución a los peticionantes, también se notifica a las autoridades nacionales, a través de la Cancillería y a partir de allí, el país tiene un plazo de dos meses para expedirse sobre la resolución, aceptando o rechazando los cargos.

Fuente -> http://www.abc.com.py