Atropello a nuestras libertades – Editorial

0
14

Dada la desaceleración del ritmo de contagios del covid, como si fuera algún tipo de generosa concesión, el Gobierno “dispuso” que desde esta semana los habitantes del Paraguay podemos circular de 5:00 a 00:00, volver a viajar, pero dentro del territorio nacional, reunirnos con más miembros de nuestras familias, sacar a los niños y adolescentes a pasear bajo supervisión, participar en eventos sociales, pero solo hasta 30 personas, y religiosos, hasta 50, mientras se posterga la reanudación de vuelos internacionales y de múltiples actividades, como ciertos deportes amateur, sobre todo los “terceros tiempos”, y siguen en pie las limitaciones en cuanto a horarios, procedimientos y cantidades en muchas otras. Todo ello con la advertencia de que se puede volver atrás y que “dependerá de las evaluaciones” que ellos mismos harán.

Es increíble que, después de siete meses de cuarentena, tengamos que seguir tolerando estos atropellos a nuestras libertades. A estas alturas lo único que podría exigir el Gobierno a la población es que respete las medidas de higiene y cuidado. Todas las demás restricciones ya pasaron a ser no solo violatorias de derechos fundamentales, sino perniciosas para la sociedad, la economía e incluso la salud.

Por un lado, realmente molesta que este Gobierno se ponga a sí mismo en una especie de pedestal y se crea con la facultad de decidir a su antojo qué pueden hacer y qué no los ciudadanos. Y, por el otro, pretender reactivar la economía y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible para que la gente se mantenga temerosa y encerrada es un completo contrasentido.

Algo parecido ocurría en la época de Stroessner, cuando se “permitían” actos de la oposición, pero se prohibía asistir. Ahora el Gobierno “autoriza” con cuentagotas actividades económicas y sociales en medio de esta interminable cuarentena que ya roza lo inconstitucional, y a la vez deliberadamente infunde miedo y restringe la participación ciudadana en las mismas, incluso amenazando con utilizar la fuerza pública.

Para agregar un toque extra de prepotencia e ilegalidad, lo hace por decreto, cuando la Constitución en su artículo 68 señala que las personas están obligadas a someterse a medidas sanitarias que establezca “la ley”, y siempre “dentro del respeto a la dignidad humana”.

Si la libertad es un componente esencial de la dignidad humana, entonces este Gobierno hace tiempo se extralimitó. Todo ciudadano tiene derecho a realizar cualquier actividad lícita sin necesidad de permiso. Ningún gobierno ni autoridad puede cercenar esa libertad de manera indefinida. Está claro que en casos de emergencias el Gobierno puede establecer medidas extraordinarias durante un lapso prudencial y con objetivos muy específicos, pero después de eso debe necesariamente recurrir al Congreso Nacional, que a su vez solamente puede legislar en el marco de la Constitución y respetando las garantías constitucionales. Ninguna otra opción cabe en un Estado de derecho y en una democracia.

Hasta el estado de excepción (artículo 288 de la CN) solamente puede ser dictado por un plazo de 60 días, prorrogables por otros dos períodos de 30 días como máximo. Pero resulta que esta cuarentena ya lleva siete meses, las fronteras continúan cerradas, parte de la economía paralizada, hay numerosos quehaceres que siguen proscriptos o limitados, y ni siquiera hay un plazo o un criterio transparente y debidamente comunicado de cuándo va a terminar. Simplemente, el Poder Ejecutivo emite un decreto cada quince días en el que informa qué derechos decide restituir y hasta qué punto, y cuáles seguirá coartando, a su total discreción.

Si legal y constitucionalmente esto es de por sí altamente cuestionable, desde el punto de vista práctico se está tornando nefasto. Como bien dijo el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Oliver Gayet, si el mensaje sigue siendo “quedate en casa”, ¿para qué van a abrir sus locales? Para trabajar a pérdida, más les vale mantenerlos cerrados, despedir lo que les queda de personal, eliminar gastos fijos y convocar a los acreedores o declararse en quiebra.

La cuarentena en Paraguay, una de las más largas del mundo, causó un daño tremendo a la economía nacional en todos los órdenes y en todos los niveles. Se perdieron o precarizaron cientos de miles de puestos de trabajo, miles de pequeños y medianos negocios formales e informales se fundieron o quedaron maltrechos, los más grandes se ajustaron al máximo y redujeron sus plantillas, cayeron fuertemente los ingresos medios y las recaudaciones fiscales, se cancelaron incontables proyectos de inversión, el sector público se saltó todos los ratios de prudencia en términos de déficit y endeudamiento para pagar sueldos a funcionarios y distribuir subsidios que solo sirvieron de exiguos paliativos.

Al principio la sociedad entendió la situación y estuvo más que dispuesta a hacer el sacrificio, a la par de seguir las recomendaciones sanitarias, gracias a lo cual la pandemia en el país se mantuvo bajo control. Pero siete meses después, y habiéndose cumplido el objetivo de “aplanar la curva”, la cuarentena ya no es otra cosa que un abuso.

Lo que corresponde es restablecer inmediatamente las libertades ciudadanas con los cuidados de rigor, y que el Presidente de la República cumpla la promesa que hizo el 16 de julio de convertirse en el “Presidente de la Economía”, involucrándose en la “batería de acciones” que reclama el sector privado para reavivar el consumo, única fórmula viable para la reactivación. Y, por si lo hayan olvidado, les recordamos a Mario Abdo Benítez y a Julio Mazzoleni que la dictadura terminó hace más de 30 años.

Fuente -> http://www.abc.com.py