Alguien debe cerrar la canilla – Editorial

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La última decisión del pleno de la Cámara de Diputados pinta de cuerpo entero lo que viene ocurriendo desde hace algunos años y que se ha convertido en una costumbre peligrosa que pone en riesgo el futuro del Paraguay: endeudar de manera sistemática a la ciudadanía por cifras multimillonarias para beneficiar a los amigos del poder, simulando proyectos de interés social. El saldo de la deuda viene creciendo de manera galopante, alcanzando ya a octubre el 32% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el límite que se habían impuesto los propios administradores del Estado. La connivencia de autoridades irresponsables en los poderes Legislativo y Ejecutivo nos sumerge en un mar de dudas sobre quién tendrá las agallas de poner fin a esta práctica nefasta.

14 de diciembre de 2020 – 01:33

La última decisión del pleno de la Cámara de Diputados pinta de cuerpo entero lo que viene ocurriendo desde hace algunos años y que se ha convertido en una costumbre peligrosa que pone en riesgo el futuro del Paraguay: endeudar de manera sistemática a la ciudadanía por cifras multimillonarias para beneficiar a los amigos del poder, simulando proyectos de interés social. El saldo de la deuda viene creciendo de manera galopante, alcanzando ya a octubre el 32% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el límite que se habían impuesto los propios administradores del Estado. La connivencia de autoridades irresponsables en los poderes Legislativo y Ejecutivo nos sumerge en un mar de dudas sobre quién tendrá las agallas de poner fin a esta práctica nefasta.

Los diputados sancionaron la semana pasada dos proyectos de ley que aumentan la deuda del país en 172 millones de dólares. Con esta decisión, solo durante este 2020 los gobernantes de turno han aumentado la deuda pública en aproximadamente 2.400 millones de dólares, cuatro veces más de lo que venía creciendo anualmente en ejercicios anteriores. No hay dudas de que en un año pandémico el país requiere de políticas anticíclicas que pueden ser financiadas con créditos locales e internacionales, pero no menos cierto es que muchos de los compromisos asumidos no se justifican, más aún teniendo en cuenta que el sector público no hizo sacrificio alguno para racionalizar sus gastos y tampoco avanzan las reformas prometidas por los mismos gobernantes, argüidos en su momento para justificar el sometimiento del pueblo a un confinamiento e hipotecar con más deudas el futuro de sus próximas generaciones.

El primer préstamo que recibió el visto bueno del Legislativo asigna fondos al Instituto de Previsión Social (IPS) y al programa de apoyo a desocupados denominado Pytyvõ 2.0. Nadie cuestiona la obligación del Estado de honrar su deuda histórica con la entidad previsional ni la necesidad de sostener a miles de compatriotas que han quedado sin el sustento diario. El problema radica en el origen de los fondos cuando tenemos en frente un Estado que malgasta y sigue consintiendo robos escandalosos que son desnudados día a día.

Algunos componentes de este paquete comprometido, sin embargo, contienen una serie de rubros que serán asignados a objetivos poco claros, con fuerte tufo a campaña politiquera, y dentro de lo que la diputada Celeste Amarilla (PLRA) calificó de “Operativo cachito”, haciendo alusión a una elección en el pasado en la que se robaron “un cachito aquí y otro cachito allá” de votos para no levantar sospechas en los órganos de control y en la ciudadanía. Así se asignaron 17 millones de dólares para las Gobernaciones, un millón para cada una, a manera de incentivo a sus administradores que, casualmente, estarán junto con los intendentes de sus distritos, inmersos en elecciones de autoridades municipales.

De igual manera se destinarán 4 millones de dólares a kits de alimentos escolares, 2,7 millones de dólares para el Programa Tekoporã, otros 300.000 dólares al Programa Abrazo y un millón de dólares a conectividad de estudiantes universitarios. Proyectos loables a primera vista, pero, según la diputada referida, contienen una comisión del 20% para los políticos que apadrinaron el paquete sancionado en el marco del mencionado “operativo cachito”.

El otro crédito de 47 millones de dólares, que será fondeado con la colocación de bonos del Tesoro, será utilizado en un dudoso plan de construcción de viviendas sociales a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Este empréstito viene precedido de denuncias de adjudicaciones directas a amigos de la administración anterior de Dany Durand, elegidos a dedo y con alta injerencia de politicastros. Por ello incluyeron en la norma que la ejecución de este proyecto no pase por el filtro de Contrataciones Públicas y sea sometida a una ley (Fonavis) que permite transferencias directas a organizaciones que luego subcontratan a empresas constructoras, sin la aplicación de mecanismos de competencia que garanticen al Estado el mejor precio. Ya el actual ministro del ente, Carlos Pereira, admitió públicamente que ni bien fue aprobada la legislación ha recibido reiteradas llamadas de presión de autoridades legislativas e interesados en este proceso, con la intención de direccionar estos recursos.

Queda evidenciado de esta manera que el Estado sigue siendo la fuente inagotable de nuevos millonarios que pululan en territorio paraguayo. ABC Color advirtió desde un principio en el 2013, y reiteradamente en diferentes editoriales, que la emisión de bonos es una ventana fantástica para posicionar al país en los mercados internacionales, pero, al mismo tiempo, un arma letal en manos de gobernantes irresponsables. El ritmo de endeudamiento al que está siendo sometido cada paraguayo es indignante. Los administradores del Ejecutivo y el Legislativo no pueden mostrarse tan irresponsables; tienen la obligación de dejar de lado sus intereses mezquinos y anteponer de una buena vez por todas la República. ¡Basta de robos! Es hora de “cerrar la canilla” y priorizar el bienestar de nuestros compatriotas.

Fuente -> http://www.abc.com.py