Acuerdo de Escazú: violación de la propiedad y abuso del derecho – Económico

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El “Acuerdo Regional para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” es conocido con el nombre de Acuerdo de Escazú, debido a que fue firmado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, en marzo del año 2018.

Antecedentes

Como todo documento de extensión en el derecho internacional, el mismo contiene antecedentes que deben inexcusablemente ser tomados en cuenta para su comprensión. En efecto, son varias las declaraciones y conferencias llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hacen mención al medio humano y el desarrollo sostenible.

“El futuro que queremos” (Río de Janeiro, 2012) merece atención así como el impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 25 de setiembre de 2015, titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, cuyo propósito es el compromiso de lograr el desarrollo en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma integrada.

La propia secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en donde tuvo origen intelectual el Acuerdo Escazú así como otros, considera que se “trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. Este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos”.

Dice, además, que “es la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones. Desde un enfoque basado en los derechos, se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada”.

Nuevo modelo de desarrollo

Se busca con este acuerdo lo que sus propiciadores también llaman “un nuevo modelo de desarrollo” de manera a hacer “frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región”. El compromiso, siguen diciendo, es incluir a los que están “excluidos”.

Como se podrá notar, las citadas intenciones parecen bondadosas. Sin embargo, es preciso también decir que muchas veces, y este es el caso, la frase “el camino al infierno está pavimentando de buenas intenciones” merece nuestro detenimiento y no porque estemos en contra de cuidar y preservar el medio ambiente sino porque el cómo es todavía más importante que el mismo objetivo.

Por ejemplo, cuando se habla de “transformar el mundo” mediante el “futuro que queremos” puede ser tomado como una loable intención, pero todo se vuelve diferente si ese futuro implica iniciar un proceso en el que algunos tienen la atribución legal de usar la compulsión propia de leyes administradas por el Estado cuyos gobiernos pondrán en práctica dichas “transformaciones”.

Terminar con la cultura del privilegio

Además, y así lo dicen los antecedentes de este acuerdo, estamos ante “un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos”. Esto es un experimento que será aplicado por primera vez para abordar “el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada”. Cabría preguntarse, por ejemplo y también, a ¿qué cultura del privilegio se refieren sus propiciadores?

Terminología ambigua

Apenas al inicio del documento se observa que el artículo 1 y así discurre hasta el final, la terminología ambigua es una característica que se presta a diversas interpretaciones. El mencionado artículo 1 dice que el acuerdo tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso; no obstante, no dice y no define que es lo importante, qué se entiende por “plena” y por “efectiva” implementación, ni tampoco de indicadores.

El artículo 2 de las Definiciones. La autoridad competente para el acuerdo son: “las instituciones públicas, organismos independientes o autónomos del Estado o controlados por él, que actúen por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes; organizaciones privadas que reciban fondos o beneficios públicos directa o indirectamente”. Como se notará, aquí ingresarían, por ejemplo, las ONGs ambientalistas y otros grupos, pero con calidad de autoridad.

El artículo 3 de los Principios: Como sabemos los principios son la columna vertebral del ordenamiento jurídico porque ayudan a la comprensión y consolidación de los “institutos”. En el derecho ambiental fueron recogidos progresivamente por diversos instrumentos como la Declaración de Río de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente (1992) el preventivo y el precautorio.

En cuanto al principio preventivo, el mismo actúa como dice la misma palabra y ocurre en la evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, el acuerdo menciona de modo importante también al principio precautorio. Este se refiere a normas que autorizan medidas protectoras ante la sospecha de que cierta actividad, producto o tecnología afecta al medio ambiente, sin la debida certeza científica.

Si a alguna autoridad competente de las que citamos se le ocurre, por ejemplo, que un propietario “al parecer” está dañando el ambiente, entonces actúa para impedirlo mediante el Artículo 4, que permite la asistencia del “público”, audiencias sin restricciones y que toda la información según el artículo 6: Acceso a la información ambiental, las autoridades competentes “sin necesidad de mencionar interés especial o justificar razones” podrán solicitar toda la información al indiciado.

Pero el acuerdo no solo dice eso. Sostiene que las autoridades competentes tendrán la facultad, la atribución de “asegurar que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente, clara sobre las cualidades de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles” y que la participación de las autoridades competentes incide en la toma de decisiones ambientales en los proyectos privados (Artículo 7).

Y seguidamente la guinda sobre la torta. El Artículo 9 crea a los llamados “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, esto es, personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, que deberán contar con un “entorno seguro y propicio y protegerlos en su integridad personal, de opinión y expresión”.

El Acuerdo de Escazú es la cabeza playa que desembarcará en nuestro país en caso de ser ratificado por el Congreso para subalternizar la propiedad privada y colectivizarla e incentivar de ese modo el abuso del derecho.

Postura de los distintos sectores

El ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, dijo esta semana que si Paraguay ratifica el tratado internacional de Escazú sobre el ambiente, su ordenamiento jurídico dependería de otros y afectará su soberanía. A su vez, 60 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Ejecutivo en setiembre último la ratificación del mismo, porque “ayudará a evitar la ilegalidad ambiental”. También varios gremios productivos felicitaron al MAG por apoyar su postura técnica y refieren que dicho pacto usa argumentos en base a supuestos y no científicos como dictan las normas de la Organización Mundial del Comercio y otros organismos que garantizan la agricultura sostenible.

Privado

Acuerdo de Escazú es la cabeza playa que desembarcará en caso de ser ratificado por el Congreso para subalternizar la propiedad privada.

Ambiguo

Apenas al inicio del documento y hasta el final, la terminología ambigua es una característica que se presta a diversas interpretaciones.

Daño

Si a alguna autoridad competente se le ocurre, por ejemplo, que un propietario “al parecer” está dañando el ambiente, entonces actúa para impedirlo.

(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

Fuente -> http://www.abc.com.py