26 altos directivos de binacionales ganan más que el titular del Ejecutivo

0
14

El director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, gana mensualmente G. 106.871.738, mientras que el de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, percibe G. 90.260.153. Ante estas onerosas sumas y otros despilfarros del dinero público, el senador cartista Sergio Godoy presentó el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; prohíbe y limita el nombramiento o contratación de parientes y asesores en la función pública, fija topes salariales para las autoridades de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”. La propuesta establece que ningún funcionario, de los tres poderes del Estado, podrá recibir una remuneración superior a la asignada al presidente de la República, en este caso, Mario Abdo Benítez, quien cobra mensualmente casi G. 38 millones, entre salario y gastos de representación. El objetivo de la norma es reducir los gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación y disminuir las largas distancias salariales entre las autoridades públicas y el trabajador del sector privado. Además de utilizar el dinero del Estado en salud y educación. Entre otras regulaciones del gasto contempladas por la ley, se establece eliminar el servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior, cupos de combustible para autoridades de rango superior; gastos del rubro compra de alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones, eventos o felicitaciones. Se exceptúan capacitaciones profesionales del funcionariado, así como los actos oficiales por fiestas patrias, toma de posesión de mandos y recepción de autoridades extranjeras. Otro gasto a prescindir es la publicidad estatal, incluyendo de las binacionales, en medios masivos de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma de expresión audiovisual, excepto en situaciones de emergencias para lo que se necesite dar aviso. El planteamiento establece que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no podrán exceder a seis y la autoridad no podrá contratar a ningún familiar en la institución a su cargo. A excepción del presidente de la República, las autoridades podrán contratar hasta tres asesores. Ningún funcionario ni autoridad podrá realizar más de dos viajes por año fuera del país, y la delegación no superará tres integrantes. Este punto no afecta al presidente.

Fuente -> http://www.ultimahora.com